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Construcción habría caído 10.9% en último trimestre del 2021 y se contraería en 2022

La Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO, presentó el Informe Económico de la Construcción – IEC #49, donde indica que, debido a las carencias de la gestión estatal y las condiciones sociales que se han venido agravando por la crisis sanitaria; los conflictos sociales y el enfrentamiento político, probablemente impidan que la recuperación del sector construcción se prolongue en el 2022, existiendo un alto riesgo que se produzca una nueva contracción por la incapacidad del gobierno.

Para el gremio, que se confirme o desmienta esta percepción, dependerá de la capacidad del Poder Ejecutivo para controlar la difusión de la variante Ómicron; la decisión final que tomen sobre la pretensión de convocar a una Asamblea Constituyente; la evolución de las investigaciones fiscales sobre posibles casos de corrupción que involucran al presidente Pedro Castillo; y su disposición a llegar a acuerdos con el Congreso Nacional para implementar una agenda legislativa de reforma.

A todo ello se suma el inicio de la campaña para elegir a autoridades regionales y locales. Además, en la edición del IEC #49, CAPECO propone un conjunto de medidas concretas para que todos estos factores no afecten la marcha de la actividad constructora e insiste en la necesidad de que estas medidas sean implementadas, en el marco de un proceso de diálogo entre los Poderes del Estado y la sociedad civil organizada.

Por su parte, la actividad constructora sufrió nuevamente una caída en su producción en el mes de noviembre (-5.8%), situación que CAPECO considera que se repetirá en diciembre (-19.4%). Sin embargo, la contracción del nivel de producción sectorial que se experimentará en el último trimestre no evitará que, al final del año, la construcción supere el nivel de actividad previo a la pandemia, donde termine siendo el sector económico con mejor desempeño durante el 2021 y contribuya de manera sustantiva a la reactivación productiva y a la recuperación del empleo en general.

Las cifras dan cuenta de la significativa recuperación experimentada por el sector durante el 2021 que, de confirmarse la previsión efectuada por el gremio, para el mes de diciembre, habría permitido no solo revertir la profunda contracción que se produjo en el año 2020, sino que el volumen de producción sectorial alcanzado el año pasado superaría en 14.5% el nivel obtenido en el 2019.

Dicho resultado se explica por el desempeño positivo de la ejecución de obras públicas, del mercado de vivienda y del segmento informal de la construcción; a pesar de que tanto la inversión minera como la actividad inmobiliaria no residencial no pudieron recuperar sus niveles pre-pandemia.

En el último trimestre del año pasado, el sector habría decrecido en 10.9% respecto a igual periodo del 2020. Esto significa que el fuerte impulso que la construcción experimentó durante trece meses consecutivos -entre setiembre 2020 y setiembre 2021- no pudo mantenerse, situación que continuaría en el año 2022.

OBRAS PÚBLICAS

Entre enero y octubre del 2021, poco más del 25% de procesos de contratación de obras fueron declarados desiertos o nulos, por un monto cercano a los 3 mil 100 millones de soles. De acuerdo con lo señalado en el Informe Nº 344-2020-CG- GCOC de la Contraloría General de la República, la corrupción y la inconducta funcional habrían generado pérdidas al país por 23 mil millones de soles en el año 2019, monto que equivale aproximadamente al 15% de la ejecución neta del Presupuesto del Sector Público de dicho año.

En la edición anterior del IEC, CAPECO propuso trabajar este aspecto a dos niveles. El primero, de corto plazo, consiste en modificar el actual Reglamento de Contrataciones Públicas, donde se solicitó al MEF la constitución de una Mesa de Trabajo público-privada y propuso efectuar 16 modificaciones a dicho Reglamento, siendo las más relevantes:

  1. Eliminar el requisito de presentación de cartas de líneas de crédito bancarias como factor de demostración de la capacidad financiera de los postores en licitaciones públicas, debido a que no garantizan que éstos posean dicha capacidad; son innecesarias en razón de que las entidades contratantes solicitan fianzas bancarias, constituyen fideicomisos o retienen un Fondo de Garantía; y no siempre son fáciles de obtener, debido a la desconfianza de las instituciones financieras respecto a la falta de previsibilidad de las condiciones en que se desarrollan las obras públicas lo que no permite una adecuada determinación y acotación de riesgos.
  2. Impulsar el funcionamiento de las Juntas de Resolución de Disputas, mecanismo que ha sido incorporado excepcionalmente a la normativa de contratación pública, pero cuya adopción requiere de un compromiso mayor del MEF, de OSCE y de la Contraloría General de la República para extender su uso.
  3. Modificar los índices de actualización de precios de insumos de construcción que elabora mensualmente el INEI y que han quedado retrasados por el fuerte incremento de precios de materiales, en razón de la devaluación, del aumento de los costos de transporte y de los precios internacionales de algunos materiales clave.
  4. Sustituir los criterios de selección de contratistas de obras y de consultores para formulación de expedientes de obra, basados en el menor precio por otro en el que se ponderen las propuestas técnicas con las económicas.
  5. Establecer mecanismos que aseguren la igualdad de condiciones para empresas nacionales y extranjeras en procesos de contratación pública y que éstas tengan la capacidad técnica y económica para ejecutar las obras que les son adjudicadas. De esta manera se reduciría el riesgo de abandono de las obras y se terminaría con la discriminación que experimentan los contratistas peruanos, que deben cumplir con tener capital mínimo y pagado además de solvencia económica y capacidad financiera, requisitos que no son exigidos a las empresas no domiciliadas. Este es un planteamiento que CAPECO ha recomendado desde hace una década, que lamentablemente no ha merecido ninguna atención de los sucesivos gobiernos nacionales.

VIVIENDA Y MERCADO INMOBILIARIO

El mercado habitacional-de vivienda de interés social-puede ser uno de los factores clave para evitar una caída pronunciada de la construcción en el 2022, según la Cámara Peruana de la Construcción. A la fecha, se les han asignado a estos programas 1,290 millones de soles para el 2022, cifra que es 383 millones menor de la desembolsada para estos fines el año pasado, es decir una disminución de 23% en el presupuesto.

Para el 2022, “Arranca Perú” cuenta con 685 millones, pero en el Presupuesto General de la República se han asignado 8,822 millones de soles adicionales a los gobiernos locales y regionales para diferentes actividades y proyectos. Si se estima un nivel de ejecución similar al que alcanzó dicho programa en el bienio pasado (que es superior al del total de inversiones que efectúan estas entidades), quedarían sin invertir 2,567 millones de soles este año. Con el 45% de este monto se podría cubrir la demanda adicional de recursos requeridos para alcanzar las metas de colocación de subsidios Mivivienda y Techo Propio – que implicaría la construcción de casi 70 mil unidades habitacionales- propuestas por CAPECO para el presente año.

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES

En reiteradas oportunidades, el gremio ha planteado una transformación efectiva del proceso de regionalización, que comprende el fortalecimiento y la descentralización del CEPLAN, mediante la constitución de seis entidades autónomas de Planificación Macroregional, que gestionarán el desarrollo territorial, la planificación del sistema de ciudades; la ejecución de megaproyectos productivos y de infraestructura, el manejo de cuencas y del suelo del estado, así como la evaluación de las inversiones públicas, entre otros asuntos clave.

Para CAPECO, durante año electoral, es necesario garantizar la neutralidad de las autoridades nacionales, regionales y locales, con el propósito de evitar que los recursos del Estado sean mal utilizados. Para ello, el gremio plantea las siguientes medidas:

  1. Asegurar que las inversiones en obras que ejecuten los gobiernos subnacionales tengan un mínimo de racionalidad y transparencia. En esa línea, debe evitarse que se siga con el modelo de “inversión” de “Arranca Perú”, que deja mucho margen para la discrecionalidad en la selección de ejecutores, no cuenta con mecanismos eficientes de supervisión y control de la ejecución de obras, así como del empleo de los recursos, y que desarrolla proyectos de baja rentabilidad económica y social.
  2. Evitar que el gobierno central, el Congreso Nacional y los candidatos ofrezcan, con fines puramente, electorales, la ejecución de obras o la autorización de actividades o beneficios económicos cuya viabilidad no ha sido debidamente sustentada. En ese sentido, ha sido lamentablemente que el presidente de la República haya ofrecido la construcción de un Aeropuerto en Chota o que el líder de Perú Libre pretenda revivir el proyecto de nuevo Aeropuerto en la región Junín. Igual de preocupante ha sido la decisión del Ministerio de Transportes de autorizar el funcionamiento del servicio de taxi-colectivos, sistema de transporte ineficiente e inseguro que se suma a la permisividad que se tiene con las empresas de combis informales, todo lo cual atenta contra la modernización del sistema de transporte urbano en las principales ciudades del país. También es preocupante que se esté ofreciendo la modificación de la Ley del Canon para entregar dinero de forma directa a los pobladores que residen en las áreas de influencia de actividades extractivas.
  3. Combatir las invasiones y el tráfico de tierras, que en periodos electorales se intensifican. Por eso resulta preocupante que en el Congreso de la República se estén promoviendo iniciativas legislativas que faciliten la formalización de predios informales, incluso en zonas arqueológicas. Sobre esto último, CAPECO considera vergonzosa la laxitud con que el Gobierno Nacional ha reaccionado frente a la invasión del Complejo Arqueológico de Caral y las amenazas de muerte que ha recibido la doctora Ruth Shady y su equipo de investigadores por requerir el desalojo de este importante testimonio de nuestra cultura prehispánica.
  4. Prevenir la exacerbación de conflictos sociales para postergar o frustrar la ejecución de proyectos mineros, energéticos o de infraestructura, estrategia que habitualmente emprenden organizaciones políticas contrarias a estos proyectos durante los procesos electorales. Es indispensable, por el contrario, que el Poder Ejecutivo se concentre en la solución de los problemas que subsisten en el Corredor Minero.

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