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Construir puentes para el diálogo

Con la renuncia del Presidente Kuczynski, nuestro país ha vuelto a pasar –en menos de veinte años- por el difícil trance institucional de tener que aceptar que el mandatario elegido por la ciudadanía, deba abandonar el poder en medio de una grave crisis de gobernabilidad. Coincidentemente, las circunstancias en que se produjeron estos relevos son similares: acusaciones de corrupción y transfuguismo sustentadas en grabaciones de video ilegalmente obtenidas. Parece que los peruanos no aprendimos la lección y hemos vuelto a poner en peligro la vigencia de nuestro sistema democrático.

En esta oportunidad, sin embargo, ha quedado en evidencia que nuestras instituciones nacionales, públicas y privadas, no han sido capaces de detectar, neutralizar y reprimir el sofisticado modelo de corrupción que ha dado origen a este ataque al Estado de Derecho y que afecta la esencia misma de la peruanidad. Como consecuencia de ello, prácticamente todos los partidos políticos que han ejercido funciones de gobierno en lo que va del siglo e importantes empresas han sido implicadas en la presunta comisión de actos impropios o delictivos, que son investigados por instancias políticas y judiciales, cuya capacidad para identificarlos y sancionarlos a partir de un debido proceso es cuestionada, por la magnitud, alcance y complejidad de estas redes de corrupción.

El país entero enfrenta un formidable desafío en vísperas del bicentenario de su independencia: fortalecer el régimen democrático; reemprender el camino del crecimiento económico y del bienestar social; sancionar adecuadamente a quienes delinquieron y evitar que la corrupción o las ideas extremistas, de uno u otro lado, vuelvan a poner en peligro nuestra institucionalidad en el futuro. Abordar este reto con responsabilidad, desprendimiento y patriotismo, es una exigencia de la que no puede sustraerse ningún peruano.

Para ello, es indispensable tender puentes para propiciar un diálogo constructivo entre actores públicos y privados, con el propósito de llegar a cinco consensos básicos que garanticen la continuidad democrática y favorezcan la recuperación económica y moral del país: (i) el respaldo a la sucesión constitucional ungiendo al ingeniero Martín Vizcarra como Presidente de la República; (ii) la elección de un Primer Ministro capaz de ejercer el rol de jefe de gobierno y generar confianza en la ciudadanía; (iii) la conformación de un Gabinete Ministerial de ancha base; (iv) la definición de una agenda mínima de reformas políticas y económicas hasta el 2021, y (v) la garantía de procesos justos e independientes para investigar y sancionar los graves actos de corrupción, sin afectar la continuidad de las obras comprometidas en ellos.

La construcción exitosa de estos consensos depende de que se evite cometer los errores que han terminado por agravar los desencuentros políticos e institucionales que han llevado al país a esta coyuntura crítica, como la confrontación estéril entre los poderes Ejecutivo y Legislativo; la marginación de entidades representativas de la sociedad civil en los procesos de formulación de decisiones políticas; las discrepancias e interferencias entre las instituciones encargadas de la investigación de casos de corrupción, entre otros.

En la concreción de estos propósitos nacionales, es evidente que el sector empresarial tiene una responsabilidad fundamental. En primer lugar, dentro de sus organizaciones, fortaleciendo los mecanismos de prevención y punición de actos impropios y de rendición de cuentas, adoptando prácticas eficientes de responsabilidad social corporativa y de valor compartido. En segundo término, hacia la sociedad, proponiendo e impulsando las transformaciones políticas, sociales y económicas que el país reclama.

Como es de público conocimiento, CAPECO ha venido desarrollando sendas iniciativas en los dos ámbitos. Internamente, fortaleciendo sus instancias de control ético y aplicando las medidas disciplinarias que éstas dispongan, implementando modelos de certificación de buenas prácticas y políticas de integridad, y promoviendo que sus asociadas también las adopten.

Hacia afuera, la Cámara ha impulsado numerosas iniciativas para la optimización de las políticas de vivienda, desarrollo urbano e infraestructura y la lucha contra la corrupción y la informalidad en el sector, ha participado activamente en instancias de diálogo como la Comisión Consultiva del Ministerio de Vivienda o el Consejo Permanente por la Vivienda, la Construcción y el Territorio y requiriendo, sin éxito, la constitución de la Comisión Nacional de Infraestructura.

CAPECO confía en que el Perú superará esta difícil encrucijada. Como ingenieros y arquitectos, conocemos la importancia de tender puentes y también entendemos que para erigir una edificación sólida y segura, es indispensable preparar el terreno, salvar las instalaciones existentes que todavía pueden servir y demoler las que no. La Cámara se compromete a participar, con este espíritu constructivo, en este esfuerzo colectivo que nuestro país debe emprender para mirar con esperanza el futuro.

Arq. Enrique Espinosa B.
Presidente de Capeco

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