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Precio de las viviendas subirían hasta en 12%

La Asociación Independiente de Inmobiliarias (AII), alertó que una vez más el Congreso de la República intenta aprobar un proyecto lesivo a miles de peruanos, pues la iniciativa de Ley Nº 1112-2016 y aprobado en primera votación, los dejaría sin el sueño de la casa propia toda vez que elevaría el precio de las viviendas y reduciría drásticamente la oferta de vivienda social.

La iniciativa, agrega la asociación, pretende establecer medidas para la generación de suelo urbano a fin de reasentar a la población afectada por desastres naturales, sin embargo, su artículo 6º dispone que cuando menos el 8% de todo proyecto habitacional que se construya en cualquier parte del país, se reserve para atender la demanda de vivienda de familias afectadas por estos daños.

“Esta iniciativa ignora que ya existen mecanismos legales como el Bono de Reforzamiento Estructural y el Bono para Reconstrucción de Viviendas, que otorgan subsidios entre 12,000 y 60,000 soles para beneficiar a familias afectadas por desastres tanto para construir su vivienda en el mismo lugar como para adquirir una nueva en algún proyecto multifamiliar”, añade.

El análisis de la propuesta legislativa, revela que su artículo 6º afecta gravemente el acceso de las familias a la vivienda digna, ya que los precios se elevarían entre 7% y 12%. Por ejemplo, un departamento que en San Miguel ahora cuesta S/.369,000 pasaría a costar S/. 395,000; en Collique pasaría de S/.180,000 a S/. 200,000; en La Victoria subiría de S/. 360,000 a S/ 401,000 y en el distrito de Chorrillos donde hoy cuesta S/. 287,000 se elevaría hasta los S/.309,000.

Adiós viviendas sociales

Asimismo, la Asociación Independiente de Inmobiliarias, alerta que de aprobarse en segunda votación esta iniciativa legislativa, reduciría en 14% la oferta actual de vivienda social, toda vez, que al elevarse su valor ya no calificarían dentro de los parámetros establecidos por Mivivienda, impactando de forma directa en miles de familias que ya no podrán ingresar al beneficio del Bono del Buen Pagador.

Añade que además bloquearía el acceso a los préstamos hipotecarios para las familias más pobres, debido a que con el alza promedio de 27 sueldos mínimos en el valor de las viviendas ya no calificarían como sujetos de crédito en las entidades financieras, condenándolas a la informalidad.

La propuesta además desalienta de forma directa las inversiones, y según los primeros cálculos, el impacto negativo llegaría a los US$ 8 mil millones en los próximos cinco años, lo que significaría que 160 mil obreros de construcción se queden sin trabajo y 480 mil trabajadores de actividades asociadas se verían gravemente perjudicados.

La salida

Para evitar todas estas pérdidas económicas y sociales, sobre todo a las familias que buscan acceder a una vivienda, el Congreso debería acoger el texto sustitutorio ya presentado al Pleno que propone que dicho “aporte” mínimo del 8% de unidades se aplique sobre los proyectos inmobiliarios que se desarrollen en terrenos estatales, tal y como lo señalan los artículos 4º y 5º de dicho proyecto de ley. El Estado debe asegurar que tales proyectos se ejecuten en zonas cercanas a donde residen los damnificados, dado que está demostrado que éstos son renuentes a trasladarse a zonas lejanas, debido a que esta mudanza termina por empobrecerlas más.

En conclusión, el proyecto de ley de la congresista Glave estaría destinado a atender una demanda inexistente, perjudicando a miles de familias que aspiran a una vivienda propia.

Fuente: EL ECONOMISTA.

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