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El Perú se ubica en el puesto 88 del pilar de Infraestructura del Ranking del World Economic Forum (2019), un resultado que nos coloca por debajo de países de la región como Chile (puesto 42) y Colombia (puesto 81). Además, el Plan Nacional de Infraestructura (PNIC) identificó una brecha de infraestructura de acceso básico de S/ 363,000 millones si nos comparamos con países desarrollados.
En este contexto, Camilo Carrillo, economista senior del Consejo Privado de Competitividad (CPC), señaló a Gestión que -por ejemplo- las Asociaciones Público-Privadas (APP) han perdido dinamismo. Mientras en el 2014 las adjudicaciones bajo modalidad de APP alcanzaron alrededor de US$ 6,000 millones, hacia adelante se ha dado una caída continua, llegando a un promedio de US$ 300 millones por año.
“Como diagnóstico, desde el 2015 ha habido una caída sistemática producto del D. Leg. 1224 que a nuestro entender es el que cambia las reglas de juego y hace más complicado el proceso de APP. Y lo hace complicado porque genera mucha duplicidad, que es el principal problema que nosotros encontramos”, refirió.
Carrillo señaló que para el CPC “hay demasiados actores opinando en un proceso de APP” lo que ha limitado su avance. “En Chile o en Colombia, para hacer un comparativo, hay una entidad que lidera todo el proceso de APP; lidera la formulación de proyecto, la estructuración, el proceso de adjudicación, la supervisión y adendas. Pero, en el caso peruano es algún ministerio el que formula, luego le da el proyecto a Proinversión, que lo vuelve a formular, lo estructura y se lo envía al Ministerio de Economía. Posteriormente, pasa a Contraloría, que evalúa todo otra vez. En resumen, en Perú tienes 5 entidades que revisan lo mismo. No habría problema que las entidades participen, el problema es que las entidades opinen de todo”, remarcó.
Detalló que tras un análisis del CPC, se obtuvo que el 67% de las opiniones técnicas de los organismos reguladores eran sobre tópicos distintos a temas tarifarios y niveles de servicio. “Opinan sobre cláusulas contractuales, características de las obras, aspectos financieros, otra vez duplicando lo que hace Proinversión”, anotó. Y, sobre la Contraloría General de la República, reveló que el 89% de sus comentarios se refieren a aspectos técnicos y contractuales, que no es su expertiz.
-Propuestas-
Frente a este escenario, el CPC -en su Informe de Competitividad 2021- propuso darle más capacidad a Proinversión; plantear un marco normativo integral que regule la promoción de la inversión privada mediante APP, identificando las entidades que deberían participar en las opiniones oficiales; delimitar al interior de la Ley de APP y de cada organismo regulador en el marco de sus opiniones: temas tarifarios, facilidades esenciales y calidad del servicio; y, finalmente, en el caso de la Contraloría, insistir en que se enfoque en las competencias actualmente normadas.
“Si Proinversión es el estructurador, adjudicador del proyecto en el Perú, debería tener total autonomía para recibir el proyecto del sector y hacer cambios, realizar el modelamiento financiero, niveles de servicios, plantear la versión del contrato y adjudicar. En qué momento entra el MEF: para opinar sobre la capacidad presupuestal; cuándo entra el regulador: exclusivamente para opinar sobre niveles de servicio y la tarifa; qué debería hacer Contraloría, simplemente lo que dice su propia ley”, puntualizó Carrillo.
Con lo mencionado -agregó- si los jugadores del proceso se limitan a cumplir lo que les correspondería, cada uno en su ámbito de intervención, se reduciría en un 30% los pasos de un flujograma de procesos, lo que fácilmente se vería reflejado en 30% o 40% de menos tiempo para adjudicar proyectos.
Fuente: GESTIÓN.
