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Pese a que la titularidad de la tercera etapa del proyecto Chavimochic pasó del Gobierno Regional de La Libertad al Gobierno Central, específicamente al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) en julio del 2020 con miras agilizar su reactivación -tras estar paralizada 5 años- desde el Gobierno aún no se toman decisiones sobre su futuro.
“Ha pasado un año y medio desde que el Gobierno Central, a través del Midagri, tomó la titularidad -ahora es el concedente- de Chavimochic III y aún no tenemos una decisión política (para reactivarla)”, refiere a Gestión el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén.
La autoridad regional afirma que al nuevo gobierno -específicamente al ministro Victor Maita y a sus viceministros, con los que se reunió para abordar el tema Chavimochic- se le planteó una alternativa para su destrabe inmediato.
“Le planteamos la alternativa que desde un inicio hemos manifestado: que la empresa concesionaria, que ahora tiene nueva personería jurídica únicamente culmine la presa Palo Redondo, que tiene un avance de 70%”, precisa.
La concesión de la tercera etapa de Chavimochic -como se recuerda- todavía esta en manos de la constructora Odebrecht, que ahora es OEC.
Para el gobernador esta sería una salida estratégica ya que ninguna otra empresa está dispuesta ha asumir el riesgo que genera terminar de construir la presa Palo Redondo y los riesgos del 100% de la obra de ampliación de la tercera etapa.
¿Qué respondió desde el Midagri? “El ministro de Agricultura nos informó que iban a esperar el fallo del arbitraje en curso, interpuesto por la concesionaria (para tomar una decisión sobre Chavimochic)”.
Hace cuatro años, la concesionaria inició un proceso arbitral contra el concedente – por entonces Gore La Libertad- ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) solicitando una compensación económica por el retraso en la entrega de terrenos.
El laudo arbitral de este caso estaría por salir en diciembre próximo, adelanta Llempén.
“El laudo arbitral ya está por darse, pero es un gran problema para nosotros. Ya que si bien es cierto, ese laudo arbitral se tiene que cumplir en todos sus extremos y exime de responsabilidades a los funcionarios. Al producirse el laudo arbitral prácticamente es la resolución del contrato y eso significa que se tiene que hacer una convocatoria para que otra empresa culmine el 30% (que falta) de la presa Palo Redondo, lo que va ser imposible porque ninguna empresa está dispuesta a asumir una obra parada por 5 años”, asevera.
El gobernador añade -además- que la empresa concesionaria (Odebrecht) antes de que salga el laudo ha manifestado su intención de culminar la presa Palo Redondo, bajo las reglas del contrato original y sin ningún incremento de costos.
“Están dispuestos hacer la culminación la presa asumiendo el riesgo constructivo. La obra lamentablemente se está deteriorando. Esta es la única salida viable para no seguir extendiendo el plazo para el destrabe de Chavimochic, pero -hasta el momento- no hay decisión política”, subraya.
-Los impactos de la paralización-
Son cuatro los principales impactos identificados por Gore La Libertad que va generando la paralización del proyecto, que va camino a su sexto año en inactividad. Estas son:
1.- Pérdida de US$ 7,850 millones por agroexportación en 5 años de paralización. 2.- Cerca de 150,000 empleos anuales perdidos.
3.- Retraso de la reactivación económica.
4.- Deterioro de las obras ejecutadas e incremento del costo del saldo de obra.
Llempén sostiene que si se toma una decisión política oportuna para culminar la presa Palo Redondo -del que solo falta, lo reitera el 30%- se va generar 5,000 puestos de trabajo de manera inmediata; 50,000 puestos de trabajo para la habilitación de terrenos y 150,000 puestos de trabajo para producción agrícola.
A ello se añade: la ampliación de frontera agrícola liberteña con 30,000 hectáreas adicionales; S/ 90 millones de nuevos ingresos familiares; US$ 1,500 millones anuales en divisas por agroexpotación y US$ 1,000 millones en inversiones privadas adicionales.
“Lo que falta por construir (de la presa Palo Redondo) que equivale a cerca de US$ 125 millones, en una agroexportación se paga. La empresa concesionaria solo quiere terminar la presa y culminar el contrato de mutuo acuerdo, sin compensaciones de por medio. En cambio si seguimos con el arbitraje vamos a tener un alto costo. Nadie va ser lo que falta de la obra en US$ 100 millones que es el precio del contrato original. Aquí se tiene que tomar una decisión estratégica, pensando en todos los beneficios”, afirma.
Si se espera el resultado del laudo -como plantea la administración Castillo- sin llegar a un acuerdo con el concesionario, el proyecto va continuar parado por 3 o 4 años más a lo que suma la pérdida de US$ 226 millones, que es el monto invertido hasta la fecha.
“No podemos esperar. Se necesita tomar decisiones lo más pronto posible. La decisión más competitiva es que la presa lo termine la concesionaria. Si bien existe el temor y la desconfianza hacia Odebrecht, se puede tomar decisiones como -por ejemplo- la presencia de la Contraloría y de otros entes que garanticen de que únicamente culmine la presa y se va”, añade.
Lo que se va pagar el Estado Peruano por el laudo arbitral a Odebrecht -agrega- va ser mucho más de lo que cuesta culminar la presa Palo Redondo y toda la obra. A este situación se añade que se encarece el costo estimado para terminar la presa a US$ 312 millones.
Fuente: GESTIÓN.
