Revista Internacional Construir Revista Internacional Construir
Related Articles
La Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO señaló reiteradamente que es indispensable modificar radicalmente el actual modelo de contratación del Estado. Este no permite seleccionar las propuestas de mejor calidad, ni protege adecuadamente los recursos estatales, otorga excesiva discrecionalidad a los funcionarios encargados de los procesos de licitación y es absolutamente permeable a la corrupción.
Esta normativa fue constantemente modificada los últimos años. Esto no ha resuelto estos problemas, sino que los agravó sistemáticamente.
Una de las razones que ha llevado a esta situación de ineficiencia y baja calidad de las inversiones públicas es que todas las iniciativas legislativas fueron promovidas casi exclusivamente por el Ministerio de Economía y Finanzas, con muy poca participación de los agentes públicos y privados que intervienen en la contratación estatal.
Una reforma de esta magnitud requiere un amplio consenso que incluya al Poder Ejecutivo, al Legislativo y a instituciones de la sociedad civil vinculadas a las compras y contrataciones públicas, para lo cual es indispensable constituir una instancia de diálogo institucionalizado, que sea liderada por el Congreso de la República. De lo contrario corremos el riesgo de aprobar una norma que refleje una visión unidimensional de este complejo asunto que, como en los casos anteriores, solo terminará profundizando los problemas.
CAPECO considera muy precipitado conceder al Poder Ejecutivo la facultad de aprobar esta ley en un plazo máximo de 90 días, claramente insuficiente para discutir e implementar los cambios radicales que se requieren para que el Estado contrate bien y gestione eficientemente los bienes, servicios y obras que adquiere.
Realizar esta reforma hoy también es inoportuno, porque una vez aprobada la Ley deberá ser reglamentada, por lo que empezará a regir justo en el momento en que las autoridades regionales y municipales se encontrarán en los últimos meses de gestión, postergando los procesos de contratación y afectando los niveles de ejecución presupuestal.
Los gobiernos regionales y locales tuvieron a su cargo más del 60% de la inversión en obras de infraestructura y equipamiento entre el 2020 y el 2021. Es más apropiado que la nueva normativa comience a aplicarse una vez que asuman las autoridades sub-nacionales que se elijan en noviembre del 2022, y luego de un extendido proceso de inducción.
Nuestra propuesta de impulsar un amplio diálogo público-privado para discutir los alcances de esta reforma no solo es deseable, sino que no retrasa el plazo para su oportuna puesta en marcha y eficiente implementación.
