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Efectos. El aumento de la inflación en el 2021 afectó a casi todos los países, pues los estímulos fiscales implementados para salir de la recesión causada por la pandemia generaron un aumento de la demanda por de bienes físicos, en tanto que la resultante reactivación elevó las cotizaciones de los commodities (petróleo, minerales, insumos alimenticios). Ese salto de la demanda –y cierres temporales de puertos y clústeres industriales por brotes de COVID-19–provocó alteraciones en las cadenas de suministro que impactaron en la ya estresada oferta, y ese descalce se trasladó a los precios.
Pero en el Perú hubo un factor adicional que exacerbó la inusual subida de precios: la incertidumbre política, que en su mayor parte fue autogenerada por el presidente Pedro Castillo y sus constantes desaciertos, y por los actos y anuncios de muchos de sus colaboradores cercanos y allegados. Cada vez que se destapaba algún escándalo en el que el mandatario estaba vinculado o cuando algún ministro anunciaba expropiaciones o cierres unilaterales de minas, subía el tipo de cambio.
Y dado que el precio del dólar influye en los commodities importados (combustibles, harina de trigo, soya, maíz para alimentar pollos), la inflación peruana subió más de la cuenta. Las soluciones implementadas, como el retorno del gas al Fondo de Estabilización de Combustibles o el reparto de más “bonos”, tuvieron un impacto acotado, de una sola vez, pero el Gobierno insiste en esa vía –ya actualizó la franja de precios para ciertos alimentos–, cuando lo más efectivo sería que el presidente y sus colaboradores dejen de improvisar discursos y acciones.
El resultado fue una inflación de 6.43% en Lima Metropolitana, la más alta de los últimos trece años, aunque fue la tercera más baja entre las principales ciudades del país. Es que la incertidumbre inflacionaria golpeó con más fuerza a la población del interior (cerró el año en 6.99%). Y el número de ciudades con inflación anualizada superior al 10% siguió aumentando: en setiembre eran dos, pero en diciembre fueron seis. De las 26 sondeadas por el INEI, 16 registraron alzas de precios superiores a 8%.
El BCR proyecta que este año la inflación será cercana al límite superior del rango meta (2.9%) y que recién en el segundo semestre comenzará a converger a ese nivel. El deterioro de la capacidad adquisitiva no se solucionará con más bonos, mucho menos con un aumento de la remuneración mínima (que apenas cubre al 20% de la PEA), sino con una significativa reducción de la incertidumbre política y económica.
Fuente: GESTIÓN.
