Tras la decisión del gobierno de declarar una inamovilidad social obligatoria en Lima y Callao, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI Perú), la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI) y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y de Actividades Afines, emitieron un comunicado conjunto para oponerse a la medida.
“Rechazamos rotundamente la medida implementada por el Poder Ejecutivo de forma improvisada, al considerarla atentatoria contra los derechos fundamentales de las personas, vulnerando su dignidad, libertad de tránsito y de trabajo, y su legítimo derecho a la protesta pacífica”, subrayaron.
“La decisión tomada por el gobierno no resuelve la situación actual. Solo la agudiza. La inamovilidad atenta contra los derechos fundamentales genera mayor inestabilidad en el país y afecta la economía de las familias peruanas, que ya fueron severamente golpeadas por una pandemia que nos tuvo recluidos casi dos años, debido a malas decisiones políticas y económicas tomadas por los gobiernos”, agregó el comunicado.
Alertaron que la inamovilidad social obligatoria en Lima y Callao perjudica gravemente la economía de las familias de los sectores más vulnerables del país.
En el sector Construcción afecta a más de cinco millones de peruanos, trabajadores de construcción civil, directos e indirectos, y sus familias.
“Exigimos a las autoridades nacionales llegar a prontos consensos y poner fin a la grave situación a la que decisiones equivocadas de nuestros gobernantes nos han llevado, atentando contra la estabilidad del país, la paz social y el libre tránsito”.
Fuente: GESTIÓN.
