El crecimiento de las ciudades continúa generando nueva demanda de agua antes de que exista la infraestructura suficiente para atenderla. Así lo revela el estudio “Agua Potable: Rompiendo la inercia de la brecha”, elaborado por GRADE e impulsado por la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), que analizó la expansión urbana de Arequipa, Chiclayo, Huancayo, Ica, Lima, Piura, Tarapoto y Trujillo entre 2017 y 2024.
En ese periodo, el análisis registró alrededor de 134,500 nuevas edificaciones, de las cuales el 81% se encuentra sin acceso al agua. El hallazgo evidencia que, mientras las ciudades continúan expandiéndose, una parte importante de esa nueva demanda surge sin que la infraestructura requerida esté disponible.
Una parte central del problema está asociada a la informalidad. El 87% de las nuevas edificaciones analizadas corresponde a expansión informal y, dentro de ese universo, el 93% carece de este servicio. En estos casos, primero se produce la ocupación del territorio y posteriormente debe incorporarse infraestructura en zonas que ya se encuentran habitadas.
La brecha continúa creciendo
Esta dinámica ocurre mientras el país sigue enfrentando dificultades para reducir la brecha existente. Entre 2017 y 2024, los hogares sin agua por red pública pasaron de aproximadamente 371 mil a 560 mil, pese al esfuerzo sostenido de inversión pública en agua y saneamiento urbano durante esos años.
Mientras el sistema busca atender las necesidades existentes, la expansión urbana continúa generando nueva demanda sin servicios. Es decir, una parte de la brecha se atiende al mismo tiempo que el crecimiento de las ciudades produce una nueva.
El estudio describe esta dinámica como un “modelo reparador”: primero ocurre la ocupación y luego debe llegar la infraestructura. Esto obliga a intervenir sobre una ciudad ya habitada, donde las obras enfrentan una mayor complejidad para incorporar redes y servicios.
De reparar a prevenir
Frente a esta situación, la investigación plantea complementar el cierre de brechas con un modelo preventivo, en el que la infraestructura sea incorporada antes de la ocupación. La diferencia, señala el estudio, no debe entenderse como una oposición entre inversión pública y privada, sino como dos momentos distintos de intervención: actuar cuando la brecha ya existe o anticiparse para evitar que se produzca.
El estudio también encontró diferencias en los tiempos de ejecución física. En proyectos comparables, esta etapa registra una mediana de 4,5 meses en el modelo preventivo, frente a 36 meses en el modelo reparador. La comparación corresponde únicamente a la ejecución de la obra física y no al ciclo completo de los proyectos.
“Este estudio pone sobre la mesa la necesidad de anticiparnos al crecimiento de las ciudades. No podemos limitar la política únicamente a reparar la brecha existente; también necesitamos generar las condiciones para evitar que la nueva expansión urbana vuelva a producirla”, señaló José Salardi, director ejecutivo de CODIP.
La propuesta es avanzar en ambos frentes: continuar cerrando la brecha que ya existe y, al mismo tiempo, prevenir que el crecimiento de las ciudades siga generando una nueva. Para ello, el estudio plantea articular mejor la planificación urbana, la capacidad del sistema y las inversiones necesarias para que la infraestructura pueda llegar antes que la siguiente brecha.
Finalmente, el estudio destaca que es vital la participación activa del sector privado, debido a la eficiencia mostrada en el aporte al cierre de brechas, mediante una legislación que permita su intervención en el tema de saneamiento.
