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La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios considera que, pese al mayor presupuesto, los subsidios del Estado son insucientes para fomentar la construcción de más viviendas sociales.
Hace unos meses se conoció que la ley de presupuesto público 2025 plantea asignar S/ 1,513 millones para promover el acceso a viviendas de interés social (VIS), sin embargo la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI PERÚ) advierte que el monto aún es insuciente para cerrar la brecha.
Si bien la cifra es mayor a los cerca de S/ 1,200 millones asignados en el 2024, el presidente de ADI, Antonio Amico, considera que realmente deberíamos tener un presupuesto que sea de S/ 3 mil millones o S/ 4 mil millones.
Amico calcula que el presupuesto planteado por el Gobierno para el 2025 equivale a alrededor de US$400 millones, por debajo del monto que reciben en otros países de la región como Chile, con un presupuesto de unos US$6 mil millones.
“Estamos muy atrasados. Si comparas, por ejemplo, con Colombia, tienen presupuesto hasta el año 2030; y si quieres mirar a Chile, que tiene US$6 mil millones anuales de presupuesto. Ellos no tienen un Fondo MiVivienda como acá, tienen 15 distintos tipos de subsidios y aquí nosotros con las justas tenemos 3. Hay una gran distancia entre lo que quiere hacer el ministerio y estos dos países vecinos”, comentó a Gestión.
Incluso aunque se den mayores subsidios, como fue el caso del 2024, el presidente de ADI señaló que se debe analizar en qué partidas se está asignando más montos.
Este año, indicó, el mayor porcentaje (73%) lo destinaron a Techo Propio en la modalidad de construcción en sitio propio, lo cual no habría sido lo ideal. Mientras que a la modalidad de adquisición de viviendas nuevas con servicios básicos solo le habría correspondido un 27% del monto.
Amico recordó que existe una demanda de 190 mil unidades inmobiliarias al año, pero anualmente no se logra cubrir ni las 40 mil unidades formalmente.
“El Gobierno tiene que tomar este tema con seriedad y declararlo política de Estado y asignarle un presupuesto acorde a la realidad. Hay una demanda que no está atendida muy alta y una oferta potencial que podría ser mucho mayor. Hicimos una propuesta en el 2021 a los candidatos a la presidencia de la República de un Plan Nacional de Vivienda, dando una serie de propuestas para poder hacer 40 mil unidades inmobiliarias al año, que es fácilmente ejecutable y para eso se necesitan herramientas crediticias”, señaló.
EXPECTATIVAS PARA CERRAR EL AÑO
Para el representante de ADI, este año la demanda de las viviendas de interés social tendría un crecimiento pequeño debido a que el mercado está “medio estancado”.
“Creo que este año ya está casi golpeado y es un año transitorio que espera llegar al término a las cifras prepandemia, cosa que todavía no ocurre. Faltan noviembre y diciembre, pero creemos que si hay una mejora va a ser moderada”, indicó.
Pese a esto, Amico tiene mayores expectativas para el 2025, año en el que la demanda de VIS crecería alrededor del 12%. El mejor resultado proyectado para el próximo año está relacionado a la rebaja de las tasas de interés de los créditos hipotecarios y un mayor efecto de la recuperación económica.
“Tenemos todo para mejorar. Falta una mejor conectividad en temas normativos para que el aspecto del crédito pueda llegar a más personas que hoy en día no necesariamente lo están recibiendo, falta mejorar algunos temas con respecto a la normatividad y creo que eso va a ayudar a mejorar las colocaciones en el 2025″, sostuvo.
BARRERAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIS
El presidente de ADI recordó que los cambios en las normas de edicaciones que han realizado algunas municipalidades vienen afectando la predictibilidad de las inversiones. Con las restricciones para el desarrollo de estas viviendas, se calcula que se paralizaron aproximadamente 400 proyectos inmobiliarios con una inversión de alrededor de US$1,500 millones.
A pesar de la negativa que han mostrado los municipios de Miraores y San Isidro con los proyectos de VIS, Amico consideró que los créditos de MiVivienda se siguen moviendo en otras zonas de Lima y del país.
“Sí tiene su impacto, pero Miraores y San Isidro no es el Perú. Hay un resto de la ciudad, muchos municipios, donde sí están dispuestos a recibir inversiones, entonces no centremos la discusión solo en estos distritos”, rerió.
Como se recuerda, algunos municipios se acogieron a un fallo del Tribunal Constitucional (TC) para evitar este tipo de construcciones, estableciendo que es competencia exclusiva de los municipios jar zonicaciones y alturas de edicaciones y les da facultades para revertir autorizaciones de construcción otorgadas por revisores urbanos o los mismos municipios en anteriores gestiones.
Fuente: GESTIÓN
