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Un pacto nacional para superar la crisis y construir el país del Bicentenario es lo que propone CAPECO como parte de sus perspectivas sectoriales. El gremio presentó hoy su Informe Económico de la Construcción (IEC) N° 42 y, entre sus principales resultados, se destaca un crecimiento de 82% registrado durante los primeros cuatro meses de este año —en comparación con el mismo periodo del 2020—, una expansión que se sitúa en 18,7% si se coteja con el 2019, año de pre pandemia.
El nivel de crecimiento alcanza niveles extraordinarios si nos centramos solo en abril. De acuerdo con el documento, el desempeño del PBI de la construcción obtenido durante el cuarto mes del 2021 fue de 987,4% comparado con el retroceso de 89,7% de abril del 2020. Ello, asimismo, sobrepasa ampliamente el crecimiento del PBI global (58,5%), y también supera en casi siete veces el resultado de marzo presentado en el IEC anterior (133,1%).
En términos de comportamiento anual, la actividad constructora creció 13% durante el período mayo 2020 – abril 2021. Guido Valdivia, director ejecutivo de la cámara, destacó que hubo ocho meses consecutivos al alza. En cuatro de ellos (noviembre, diciembre, enero y febrero) el crecimiento fue de doble dígito y en dos (marzo, abril) la expansión se dio a tres dígitos.
El representante del gremio también refirió que el consumo de cemento, uno de los materiales de construcción más importantes, experimentó un crecimiento notable de 6.211% en abril del presente año. A falta de cifras oficiales, CAPECO estima que para mayo el crecimiento de este indicador será de 242%.
Incertidumbre persiste
A pesar de las cifras auspiciosas de los últimos meses, CAPECO reconoce que la incertidumbre política podría afectar la continuidad de la recuperación sectorial. En ese sentido, prevé que el desempeño de las empresas constructoras para lo que resta de este año estará condicionado al desenlace electoral.
Evidencia de esto es que los empresarios del sector creen que sus operaciones crecerían 19% este año en un hipotético gobierno de Fuerza Popular, y que caerían 13% en un eventual gobierno de Perú Libre. Estas estimaciones se obtuvieron a partir de la Encuesta de Expectativas aplicada por el gremio en junio de este año.
Esa inquietud también atañe al comportamiento futuro de los precios: está sujeto al resultado electoral. Por ejemplo, para el caso de los precios de viviendas, se espera que crezcan 3,5% en los próximo seis meses (mayo – octubre) si gana Keiko Fujimori. En el otro escenario —victoria de Pedro Castillo—, se prevé una caída de 6,3% en el mismo periodo.
En cuanto al nivel de ventas de viviendas para este año, los empresarios del sector consideran que, si gana Keiko Fujimori, la venta crecería 16%. Caso contrario si la elección es ganada por Pedro Castillo: caería 22%.
Un panorama medianamente similar se tendría en el ítem de precios de materiales. Si la ONPE proclama como presidente de la República a la candidata de Fuerza Popular, este indicador subiría 3%. Si la elección favorece al postulante de Perú Libre, los precios de materiales podrían crecer 10%.
Un pacto nacional para salir de la crisis
A criterio de CAPECO, los desafíos urgentes que necesita la construcción son difíciles de emprender en medio de una crisis sanitaria, económica y política. En ese sentido, no solo se necesita que el proceso electoral culmine con pleno respeto a la voluntad popular y que las acciones del nuevo gobierno se desarrollen en estricta sujeción a los principios que regulan nuestro régimen democrático. También se requiere un gran Pacto Nacional por la democracia, la reconciliación y la inclusión de los más necesitados, que establezca objetivos inmediatos, de corto y mediano plazo para salir de esta crisis.
Así las cosas, según CAPECO, en el plazo inmediato, las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo, salientes y entrantes, deben acordar una estrategia conjunta para garantizar:
- La continuidad del plan de vacunación y de control de la pandemia del COVID-19.
- La ejecución eficiente de los recursos presupuestales en lo que queda del año
- La formulación del Presupuesto General de la República del año 2022.
En el corto plazo, el gremio plantea debe iniciarse un proceso más amplio de negociación para consensuar iniciativas de política pública que se pondrán en marcha una vez que se instale el nuevo gobierno, dirigidas a:
- Asegurar la sostenibilidad de las cuentas fiscales, que podría incluir la implementación de tributos temporales
- Establecer un plan coordinado para otorgar subsidios económicos a familias afectadas por la pandemia.
- Implementar medidas excepcionales para la generación de empleo formal, en particular de mujeres y jóvenes
- Priorizar los programas sociales y de inversión pública y privada que más impacto tengan en la superación de brechas económicas y en la inclusión social.
Finalmente, en el mediano plazo, se necesita una amplia reforma institucional para fortalecer nuestro sistema democrático, optimizar el modelo económico y establecer un nuevo acuerdo que rija las relaciones entre la sociedad y el Estado, lo que implicará la modernización de:
- La estructura del aparato estatal para hacer más eficiente y transparente la gestión pública.
- El proceso de descentralización buscando el desarrollo más equilibrado en todas las regiones del país.
- El diseño y funcionamiento del Congreso de la República, que permitan una mayor representatividad y legitimidad de sus decisiones, preservando el equilibrio de poderes.
- La administración de justicia y de los organismos reguladores, que garanticen la protección de los derechos ciudadanos, incluyendo los de las minorías, y la seguridad jurídica.
- Los mecanismos de participación ciudadana en la formulación, actualización y seguimiento de políticas y programas públicos.
Según destacó Guido Valdivia, este gran esfuerzo reformador solo podrá concretarse y sostenerse en el tiempo, si se sujeta a las normas constitucionales. Pero también debe trascender a los gobiernos e incluir a organizaciones representativas de la sociedad civil en su implementación.
