El Consejo Permanente por la Vivienda, la Ciudad y el Territorio, que integran la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP, el Colegio de Arquitectos del Perú (CAP) y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), emitieron un Comunicado Público frente a las graves denuncias sobre prácticas corruptas que se habrían producido en la ejecución de obras públicas y en procesos de concesión de infraestructura.
Según se dio a conocer el Consejo Permanente por la Vivienda, la Ciudad y el Territorio integrado por entidades representativas de trabajadores, profesionales y empresarios del sector construcción, demandan una profunda investigación de los deplorables hechos que perjudican gravemente a la economía; afectan las condiciones de vida de los ciudadanos, especialmente los de menores ingresos; y vulneran la institucionalidad democrática de nuestro país.
Asimismo requieren al Ministerio Público y al Poder Judicial para que, actuando con independencia y celeridad y busquen la colaboración de autoridades jurisdiccionales que llevan a cabo procesos de investigación que han alcanzado resultados visibles en otros países, identifiquen y sancionen a los responsables de hechos delictivos, aseguren el debido resarcimiento económico y moral al Estado Peruano; y velen porque se reduzcan al mínimo posible los perjuicios a la población -que espera contar con los servicios e infraestructuras- y a los trabajadores vinculados a estas obras.
Añaden sin embargo, que no debe perderse de vista que la corrupción en el país no se ha iniciado con estos lamentables casos, por lo que consideran de urgencia emprender acciones concretas para promover la ética en los procesos de contratación pública y, en general, en las relaciones entre el sector estatal y los gremios vinculados a la actividad constructora.
En esta perspectiva, detalla el Consejo Permanente por la Vivienda, la Ciudad y el Territorio, no solo es necesario combatir y sancionar estos actos realizados, sino que además es necesario prevenirlos. El Comunicado agrega que los gremios que conforman este Consejo Permanente no solo se comprometen a separar de sus organizaciones a quienes hayan cometido delitos de corrupción, sino también a modernizar sus normas internas para difundir la ética y las buenas prácticas laborales, profesionales y empresariales entre todos sus afiliados, así como para prevenir y sancionar severamente los actos de corrupción en la actividad constructora.
Agregan que más aún, harán el máximo esfuerzo para consensuar un Pacto por la Ética en la Actividad Constructora que involucre al sector público y privado, y establezca principios, compromisos y acciones destinados a proveer una construcción más segura, más competitiva y mejor orientada hacia la búsqueda del bien común.
Precisan que entre otros temas, este Pacto debe abordar:
- a) El establecimiento de la meritocracia en la gestión pública, empoderando y protegiendo a los funcionarios públicos honestos y competentes, especialmente a aquellos vinculados directamente a los procesos de contratación y a los mecanismos de control de la administración estatal.
- b) La modificación radical del vigente modelo de contratación pública, en todas sus modalidades, que ha demostrado su inoperancia y permeabilidad frente a la corrupción, mediante la introducción de medios tecnológicos y operativos innovadores que reduzcan los márgenes para actos impropios o delictivos.
- c) El perfeccionamiento del marco de procedimientos administrativos del Estado vinculados con la construcción que afectan la seguridad jurídica, atentan contra la calidad de las construcciones y alientan la corrupción.
- d) La implementación de cambios institucionales para asegurar la independencia, competencia, legitimidad e integridad de los órganos policiales y judiciales, particularmente de los que tienen a su cargo el combate a la corrupción.
- e) La reestructuración del modelo de descentralización de la administración estatal, a partir de acciones coordinadas y consensuadas, propiciando una distribución racional de facultades y de recursos en los tres niveles de gobierno.
- f) La puesta en marcha de una estrategia integral para combatir la acción de bandas delincuenciales, seudo sindicatos y otras organizaciones ilegales y la presencia de falsos trabajadores en las obras de construcción, los que además de ser causantes de pérdidas humanas y materiales, constituyen una fuente de corrupción flagrante que se ha extendido por la inercia de las autoridades correspondientes.
- g) La promoción de una cultura ciudadana en pro de la formalidad, el respeto a la ley y el rechazo a la corrupción. En esta línea, es indispensable encontrar una solución integral al problema de la invasión de terrenos que impide el crecimiento ordenado de las ciudades y dificulta el acceso de la población de menores ingresos a los servicios públicos y a la vivienda adecuada.
En el Comunicado, el Consejo Permanente por la Vivienda, la Ciudad y el Territorio, resaltan que son conscientes de la gravedad de la hora presente, pero también de la irrepetible oportunidad que esta coyuntura crítica concede a todos los peruanos para encarar frontal y decididamente las falencias institucionales, legales y morales que han frustrado hasta el momento la aspiración de vivir en un país en el que las relaciones entre ciudadanos se rijan por la integridad, la transparencia y la solidaridad.
Asimismo los integrantes del Consejo Permanente confían que con una genuina voluntad política, unidos los peruanos sabrán salir fortalecidos de esta dura prueba.
El Comunicado ha sido suscrito por el Decano Nacional 2014-2017 del Colegio de Arquitectos del Peru, José Enrique Arispe Chávez; el Decano Nacional 2017-2020 del Colegio de Arquitectos del Perú, Arturo Yep Abanto; el Decano Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, Dr. Jorge Alva Hurtado; el Secretario General de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, Mario Huamán Rivera; y, el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, Francisco Osores Sánchez.
