Las dificultades que afrontan las empresas constructoras del Perú para recibir financiamiento debido a la desconfianza del sistema financiero y las restricciones del Decreto de Urgencia N° 003, también preocupan a la ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper.
«Ese es uno de los temas que está en una de las prioridades del sector Economía, es un tema muy complicado porque estamos hablando de un tema sistémico y no de solamente una o dos empresas constructoras», comentó.
Indicó que existen S/ 30,000 millones en proyectos de inversión pública que están pendientes de adjudicar, vía APP y obras públicas, que podrían verse paralizados por este tema.
«Eso sin contar los nuevos proyectos que tendríamos que sacar este año», dijo.
Mencionó que el Decreto de Urgencia N° 003 está próximo a vencer y por eso se está trabajando otro decreto de urgencia que permitirá «generar un equilibrio muy importante».
«Ese equilibrio tiene que ser que tenemos que darle viabilidad a las empresas (constructoras). Solamente las nueve más grandes emplean 53,000 trabajadores, esos trabajadores tienen más de S/ 1,000 millones de deudas bancarias con lo cual se verían complicadas», advirtió.
Añadió que existen casi 79 proveedores ligados a estas empresas constructoras que tienen deudas por S/ 3,500 millones.
Cooper indicó que la norma que prepara el MEF busca combinar la necesidad de no parar la inversión pública con la de no dejar de sancionar a las constructoras involucradas en casos de corrupción.
«Eso es claramente lo que tenemos que mirar, ese equilibrio es el que tenemos que atacar, a la hora de tratar de sacar una normativa que cree un nuevo sistema alternativo al Decreto de Urgencia N° 003», adelantó.
Mencionó que esta norma se publicaría en los próximos días de la presente semana.
«Tenemos que trabajar muy claramente es equilibrio entre sancionar a las personas culpables y que las empresas también tengan una reparación civil, tenemos que asegurarla pero tenemos que hacer viables a las empresas», argumentó.
La ministra enfatizó que esta normativa también deberá ser creíble por parte del sistema financiero, que ahora tiene temor de seguir prestando y otorgando cartas fianzas a las empresas constructoras.
Fuente: GESTIÓN.
