En el marco de las acciones de confiabilidad para asegurar la continuidad de los servicios de agua potable y saneamiento, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) realizaron el taller de asistencia técnica “Implementación de la ‘Guía para la evaluación del riesgo de desastres ocasionados por peligros de origen natural’”, los días 18 y 19 de noviembre del presente año.
El objetivo fue fortalecer las capacidades de los gerentes y profesionales de Sedapal para identificar de manera precisa sus zonas de peligro, niveles de vulnerabilidad y riesgo, a fin de ejecutar medidas de control estructurales y no estructurales. Esta preparación permitirá acelerar la disponibilidad operacional y la recuperación del servicio frente a desastres, contribuyendo a la seguridad de la población.
Desde el Ministerio de Vivienda se destacó la importancia del fortalecimiento técnico en las entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS). “Este trabajo conjunto demuestra que la prevención es nuestra primera herramienta de protección. Queremos que cada empresa cuente con capacidades sólidas para anticipar riesgos, resguardar sus sistemas y asegurar que las familias no vean interrumpido un servicio esencial como el agua potable”, señaló.
El taller abordó temas sobre las reformas de la Ley del Servicio Universal al Agua Potable y Saneamiento, marco normativo del SINAGERD, metodología de evaluación del riesgo de desastres, entre otros. Asimismo, los participantes realizaron una visita técnica a La Atarjea para aplicar los conocimientos adquiridos e identificar la vulnerabilidad de componentes críticos como la bocatoma.
De esta manera, el Ministerio de Vivienda, a través de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento, junto a Sedapal, la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional y con el apoyo de la cooperación internacional: COSUDE, HELVETAS, PREDES, Ayuda en Acción y proyecto “Agua en Emergencias”, y el CENEPRED, continúa articulando esfuerzos para garantizar el acceso seguro a servicios básicos, priorizando a poblaciones vulnerables y en situación de riesgo.
