La Municipalidad de San Borja recibió la recertificación ISO 9001:2015, la recertificación ISO 37001:2016 y la certificación del Sistema LPAM, en una ceremonia realizada en su sede institucional, con la presencia del alcalde Alberto Tejada, representantes de las empresas certificadoras y funcionarios de la comuna.
Al respecto, el alcalde Tejada comentó: “Nos sentimos muy honrados y agradecidos con todo el equipo que ha hecho posible estas recertificaciones. Este es un ejemplo de cómo hacer gestión pública de forma transparente y con profesionales comprometidos con un servicio de calidad a su comunidad”.
La certificación ISO 9001:2015 fue otorgada a San Borja por primera vez en el año 2010 y -a la fecha- se han concretado cuatro recertificaciones, a cargo de la empresa SGS del Perú. Está sustentada en el funcionamiento de un sistema de gestión de la calidad, cuyo alcance es la orientación, atención y entrega de resultados al ciudadano a través de la Plataforma de Atención de la comuna.
En el caso de la certificación ISO 37001:2016, se trata de una norma anti-soborno que fue otorgada por primera vez en el año 2019 y que en el presente año ha concretado su primera recertificación.
Es consecuencia de la creación -en su estructura orgánica- de la Oficina de Ética, Integridad y Sistemas de Gestión de la Municipalidad de San Borja. Ello permitió contar con medidas específicas para prevenir, detectar y hacer frente al soborno en las actividades municipales. La auditoría para esta certificación estuvo a cargo de la empresa Asociación Civil BASC Perú.
Asimismo, fue otorgada la Certificación del Sistema de la Línea de Producción y Almacenamiento de Microformas (LPAM), también por parte de la empresa SGS del Perú. Esto gracias al proceso de digitalización de los documentos emitidos por la institución durante el periodo 2019-2022.
Este logro representa un hito en la transformación digital de la Municipalidad de San Borja, en el marco de lo dispuesto en la Ley de Gobierno Digital, aprobada por Decreto Legislativo N° 1412. Cabe precisar que los documentos digitalizados mantienen pleno valor legal, lo que permite prescindir -en coordinación con el Archivo General de la Nación- de los documentos físicos.
