Las vías de Odebrecht (hoy Novonor) y Brookfield, que demandó a Perú por $ 4,000 millones ponen en riesgo a peruanos.
Un nuevo episodio de riesgo estructural pone en jaque la seguridad vial en Lima. El puente vehicular Conchán, ubicado en el kilómetro 25 de la Panamericana Sur, fue cerrado este lunes 24 de marzo en ambos sentidos por un hundimiento en la calzada, según confirmó la concesionaria Rutas de Lima.
Esta emergencia reaviva una inquietante realidad: los puentes construidos por consorcios como el de la corrupta Odebrecht (hoy Novonor) y Brookfield, empresa que además demandó al Estado peruano por 4,000 millones de dólares, están desmoronándose.
El caso del puente Conchán es especialmente preocupante porque forma parte de un grupo de cinco estructuras identificadas como críticas desde hace años.
Rutas de Lima advirtió desde 2014 sobre la urgencia de intervenir estas infraestructuras, sin recibir respuestas efectivas por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima en aquel entonces.
El hundimiento detectado en la parte alta del puente alcanza una deflección de 6 centímetros, superando ampliamente el límite técnico de 1 centímetro.
El problema se extiende a otras cuatro estructuras viales estratégicas: los puentes Chillón, Atocongo, Alipio y Lurín, todos ellos fundamentales para el transporte público, particular y de carga pesada. La situación compromete gravemente la seguridad de los miles de ciudadanos que transitan por la capital cada día, mientras se diluyen las responsabilidades entre la concesionaria, la municipalidad y la entidad encargada del mantenimiento, Emape.
Mario Casaretto, vocero de la Municipalidad de Lima, sostuvo que si Rutas de Lima advirtió los daños, debió insistir presencialmente ante el municipio. No obstante, la empresa indica haber presentado documentación desde hace una década. El resultado, ahora evidente, es una estructura peligrosa, inhabilitada temporalmente por colapso parcial.
Pero más allá del riesgo físico, se suma un trasfondo legal y político: Brookfield, el fondo de inversiones detrás de Rutas de Lima, presentó el 12 de marzo un arbitraje internacional contra el Perú exigiendo una compensación superior a los 2,700 millones de dólares. Esto, a raíz del cierre de peajes en la Panamericana Norte, medida adoptada durante gestiones municipales anteriores y respaldada por el Tribunal Constitucional.
Brookfield alega que tales decisiones afectaron el valor de su inversión y reclama pagos pendientes ordenados previamente por cortes internacionales y estadounidenses, los cuales sumarían más de 200 millones de dólares. Mientras tanto, la infraestructura construida bajo su concesión se empieza a desmoronar ante los ojos del público.
No es la primera vez que obras asociadas a empresas cuestionadas muestran falencias. La antigua Odebrecht, hoy Novonor, y Graña & Montero (ahora Aenza) —ambas implicadas en la trama de corrupción Lava Jato— formaron parte del desarrollo de estas vías. La decadencia visible de sus estructuras levanta sospechas sobre la calidad de las obras entregadas y la supervisión del Estado.
Fuente: EXPRESO
