En la última década, el país dejó de facturar 5.845 millones de metros cúbicos de agua potable, producida por las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), lo que representa un valor estimado de S/ 1,885 millones en las denominadas empresas grandes, según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). Solo en 2024, este monto ascendió a S/ 345 millones.
El informe técnico “El Agua No Facturada en el Perú: Un desafío de gestión para las Empresas Prestadoras de Servicios de Agua Potable”, elaborado por el Centro de Monitoreo y Análisis de la Información del Agua Potable (Cami Yaku) de la Sunass, revela que el 38.5 % del agua producida no se cobra, ubicando al Perú entre los países de América Latina con mayores pérdidas, junto a Brasil (43.5 %) y Ecuador (45 %), y por encima del promedio regional estimado por AquaRating (30 %).
El agua no facturada (ANF) corresponde al volumen producido por las EPS que no genera ingresos debido a pérdidas físicas —como roturas en las redes o antigüedad de la infraestructura— y pérdidas comerciales derivadas de errores de medición, ausencia de macromedición o manipulación de medidores.
Regiones con Mayores Pérdidas
Las empresas grandes concentran la mayor parte del problema. Lideran el ranking la Unidad Ejecutora Agua Tumbes (69.9 %), EPS Grau (62.5 %) y SedaLoreto (60.5 %), mientras que Sedapal registra 33.3 %.
Solo en 2024, el 73 % del total de agua no facturada se concentró en siete EPS: Sedapal, EPS Grau, Sedalib, Sedapar, Epsel, SedaLoreto y UE Agua Tumbes.
En Piura, la caída en la micromedición explica parte del problema. En los últimos cinco años, 3 de cada 5 conexiones activas dejaron de ser medidas. De 21,059 conexiones medidas en 2021, actualmente solo 8,845 (42 %) cuentan con micromedición.
Impacto Financiero
El estudio advierte que el agua no facturada afecta la sostenibilidad financiera de las EPS, limita el acceso equitativo al servicio y reduce la eficiencia ambiental. Ello también representa una oportunidad de recaudación potencial para las empresas, que podrían destinar esos recursos al cierre de brechas de cobertura.
Fuente: EXPRESO.
