Unos 11 mil habitantes de los pueblos de La Legua, San Jacinto, Palo Parado, Buenos Aires y Los Olivos, todos ubicados en la margen derecha del río Piura, y pertenecientes al distrito de Catacaos, continúan sin desagüe y recibiendo agua potable de manera intermitente debido a que la obra que solucionaría esos problemas se encuentra paralizada.
Desde mayo de este año, dicha obra, cuyo costo es de S/54 millones, está paralizada debido a la falta de supervisión y a problemas de liquidez del consorcio Constructor Saneamiento, conformado por las empresas Corrales Ingenieros SRL e Ingeniería y Construcción (ICON) Peruana SAC. «La obra ha estado paralizada porque la contratista no tenía financiamiento para pagarle a sus subcontratistas, y había cartas judiciales que mandaba retenerles el dinero», comentó Eder Robledo, gerente de Desarrollo Urbano del municipio distrital de Catacaos.
Los trabajos comenzaron en mayo de 2017 y tenían un plazo de ejecución de 18 meses, es decir, hasta octubre de 2018. Sin embargo, debido a adicionales y ampliaciones de plazo se aprobó una nueva fecha de entrega: febrero de este año. Ha pasado medio año y la obra tiene un avance físico de 80% y una ejecución financiera de S/46 millones.
Expediente con errores
En marzo de este año, mediante el informe 004-2019-OCI/2408-VC, la Contraloría observó que en esta obra «no hay supervisión a la empresa contratista desde el 3 de diciembre de 2018 hasta la fecha. Esto generará que los controles de calidad y seguridad se vean disminuidos, retrasos no justificados y demoras en la atención de consultas diarias que surgieran durante la ejecución de los trabajos en cada uno de los componentes».
Además, señaló que los «vicios ocultos y deficiencias en el expediente técnico han provocado adicionales de obra y consultas que no han sido resueltas por la entidad y están generando retrasos, así como el riesgo de aumentar los mayores gastos generales que pueden ser imputados a la misma».
Una tercera observación se refirió a que «la entidad (municipalidad de Catacaos) no viene cumpliendo con las disposiciones emitidas por la directiva de infobras de la Contraloría General de la República, poniendo en riesgo la legalidad y transparencia de la ejecución de obras públicas».
Fuente: EL COMERCIO.
