Sector construcción registra uno de los peores performances en los últimos veinte años. De acuerdo con el Informe Económico de la Construcción N° 68 de Capeco, este segmento se contrajo desde enero a junio de este año y acumula una caída de 9%. En regiones, el comportamiento es variado; en algunas ciudades ha disminuido el precio del m2 en comparación del 2022, a fin de dinamizar el sector inmobiliario.
Y es que, en un contexto en el que esta actividad económica se ha visto duramente golpeada, el mercado inmobiliario también ha sido afectado a nivel de desarrollo e inversión de proyectos. A ello, se han reforzado las expectativas pesimistas de las empresas del rubro construcción para este año.
Según estimaciones de Capeco, en el primer semestre, los tres segmentos presentaron una contracción en sus operaciones: en infraestructura (-5.1%), proveedores (-2.6%) y edificadoras (-2.3%).
Cabe mencionar que, el horizonte sombrío de la construcción en el país es producto también del deterioro de sus subsectores, en especial, vivienda.
De acuerdo con el informe, entre julio del 2022 y junio del 2023 se desembolsaron 35,254 préstamos hipotecarios para vivienda, lo que significó una disminución de 24.3% respecto al periodo anual anterior.
Dicho esto, si la tendencia de colocación de créditos del Fondo Mivivienda continúa tal como en los siete primeros meses del año, se terminaría el 2023 con poco más de 10,300 préstamos otorgados, cifra que representa una disminución de 23.6% en comparación con el 2022.
En ese marco, Giancarlo Mejía, gerente general adjunto de BM Consultores Inmobiliarios, comentó a Gestión que esta contracción en el número de créditos hipotecarios otorgados puede conllevar a un menor acceso a la vivienda social.
“Si bien en nuestro país tenemos una demanda insatisfecha de viviendas, la contracción en el sector construcción ocasiona problemas financieros a la cadena de proveedores del sector. Esto genera incremento en el costo de materiales, retrasos en las obras, entre otros problemas, los cuales impactan directamente en los precios de venta y la rentabilidad de los proyectos”, añadió.
Sumado a estos factores mencionados, que afectan por igual el desarrollo de proyectos VIS (vivienda de interés social), están las problemáticas alrededor de los programas estatales, los cuales están orientados a facilitar el financiamiento de vivienda a las familias peruanas con menores recursos: Techo Propio y MiVivienda.
“Los proyectos Techo Propio que no llegan a buen puerto por mala gestión de las empresas inmobiliarias o por casos de corrupción han generado la paralización o intervención de varias obras este año, afectando a las familias que se habían visto beneficiadas de los Bonos Familiares Habitacionales (BFH) que otorga el Fondo Mivivienda. Esto desincentiva a los inversionistas y desarrolladores inmobiliarios que tienen proyectos VIS en desarrollo o en cartera”, explicó Mejía.
Entonces, por un lado, existe un problema general que es el estancamiento de proyectos de la vivienda social, por los factores mencionados; y por otro está el que cada región tiene ciertas particularidades que pueden perjudicar en mayor medida el desarrollo e inversión inmobiliaria.
Proyectos de vivienda social trabados
En regiones como Piura, Arequipa e Ica, el desarrollo de proyectos de vivienda social es determinante en el sector inmobiliario, ya que atraen gran parte de la inversión privada.
Javier Bereche Álvarez, presidente Cámara de Comercio y Producción de Piura, comentó que este año las protestas sociales, el ciclón Yaku, el Fenómeno El Niño, así como la inestabilidad política, han perjudicado la reactivación del sector inmobiliario.
Ello ha provocado que la inversión privada y pública se haya retraído en la región, sin poder recuperar la potencia que tenía en prepandemia. “Las viviendas sociales a través de Techo Propio y Fondo MiVivienda son clave, pero no hemos tenido proyectos multifamiliares importantes que puedan hacer que se reactive el sector”, contó a Gestión.
Cabe mencionar, que Piura es una región atractiva para estos programas, ya que posee la demanda contenida más grande del país, después de Lima. Esto se debe a que el nivel de empleo formal es alto y existen alrededor de 85,000 familias que se dedican a la agricultura y requieren vivir cerca de los fundos.
“La inversión está estancada, pero no porque no haya dinero para invertir. Hay inversionistas, inmobiliarias, buenos proyectos y una demanda contenida, sobre todo en el sector agroexportador y de agricultura familiar, que quieren vivienda social. Lo que no existe es la voluntad política de tomar decisiones para sacar adelante los proyectos que hacen falta”, sostuvo.
Por su parte, Julio Cáceres, presidente de Capeco Arequipa, remarcó que en su región no existe un desarrollo inmobiliario como tal. Si bien hay cierto dinamismo de créditos en torno a la vivienda social, estos no son suficientes para cubrir la oferta y demanda que tiene Arequipa.
En los últimos cinco años, el Fondo Nacional de Vivienda ha desembolsado a nivel nacional casi S/ 4,500 millones. De este total, el sur solo tiene una distribución de 7.2% y Arequipa tiene alrededor del 3% de esta cifra.
“El problema actual está en que las empresas inmobiliarias están dejando de invertir en Arequipa debido a que su Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) sigue entrampado. Por lo cual, están llevando sus inversiones hacia afuera de la región, ya sea a Lima o al norte”, detalló a Gestión.
Cáceres dijo que en algún momento Arequipa llegó a tener alrededor de 25 proyectos de vivienda para el sector inmobiliario, de casi US$ 700 millones; los cuales no se han ejecutado.
Fuente: GESTIÓN.
