En un contexto marcado por retiros masivos, reformas incompletas y una profunda desconfianza en las AFP, la reciente propuesta de incrementar la tasa de aporte obligatorio al 20% ha generado rechazo entre diversos actores del sistema y preocupación entre los propios afiliados.
“Solo el 28% de los trabajadores formales en el Perú logra realizar aportes previsionales de manera continua durante el año, lo que evidencia una realidad fragmentada en el mercado laboral”, advierte Milagros Torres, subdirectora académica de la Facultad de Negocios de Zegel.
La polémica propuesta fue lanzada durante el Perú Market & Investments Summit 2025 por Mariano Álvarez, CEO de AFP Habitat, quien sugirió que el Perú debería seguir el camino de Chile, donde se ha aprobado un aumento progresivo de aportes hasta alcanzar el 20%. Actualmente, en el país la tasa obligatoria de aporte es de 10%, una cifra que los especialistas consideran insuficiente para asegurar una pensión digna.
¿Es viable elevar la tasa al 20%?
Según cálculos del sector, para obtener una pensión mensual de apenas S/1.000 al momento de la jubilación, un trabajador debería acumular más de S/180.000 en su fondo individual, algo que resulta inalcanzable para muchos peruanos, especialmente jóvenes y mujeres, que enfrentan trayectorias laborales intermitentes o ingresos por debajo de la canasta básica.
“En un país donde el 70% de la fuerza laboral es informal, exigir un mayor esfuerzo contributivo solo afectará aún más a quienes ya enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas”, precisa Milagros Torres.
En paralelo al debate sobre los aportes, la reciente reforma previsional aprobada por el Congreso ha introducido el concepto de una pensión mínima de S/600, siempre que el afiliado haya contribuido por al menos 20 años. Aunque la medida ha sido bien recibida en términos sociales, diversos economistas alertan sobre el alto costo fiscal que podría representar para el Estado.
Los gastos asociados a esta medida podrían ser hasta tres veces mayores de lo estimado inicialmente, pasando del 0.2% del PBI al 0.8% o incluso 0.9%. Esta preocupación fue respaldada por el Consejo Fiscal, quien subrayó la falta de proyecciones claras y el riesgo de comprometer la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.
El desafío de recuperar la confianza
A esto se suma el impacto de los múltiples retiros de fondos aprobados en los últimos años. Desde 2020, el Congreso ha autorizado ocho retiros extraordinarios, lo que ha deteriorado significativamente los fondos previsionales. Según proyecciones de firmas del sector, se necesitarán al menos ocho años para que los fondos recuperen el valor real que tenían en 2019, antes del primer retiro.
En este escenario, la propuesta de aumentar los aportes parece desconectada de la realidad cotidiana de los afiliados, que priorizan el corto plazo ante la incertidumbre económica y laboral. Para muchos, el problema no es cuánto aportar, sino cómo asegurar que esos recursos se manejen con eficiencia, transparencia y resultados.
