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Socio del área Minero-Ambiental Hernandez & Cía. Abogados
Nuestro país podría atraer mayor inversión privada si es que los particulares confiáramos más en la administración pública. Y esa confianza puede aumentar si las decisiones de la administración pública fuesen más predecibles.
Podemos decir que las decisiones de la administración son predecibles cuando ante un supuesto de hecho cualquiera los particulares predecimos con relativo grado de éxito cómo es que la administración lo resolverá. Esta predictibilidad resulta importante en el planeamiento de inversiones y conducción de operaciones en sectores altamente regulados, como el de las industrias extractivas, porque existen ciertas decisiones que están fuera de los límites de la regulación (que para alguien no entendido podría no necesariamente estar alineada con la lógica o el sentido común), que pueden acarrear la imposición de sanciones o, lo que es peor, la paralización de actividades.
Una manera sencilla en la que los particulares nos informamos sobre las decisiones de la administración es conociéndolas. Naturalmente, aquellos que trabajamos todos los días en contacto con tales decisiones le llevamos ventaja al resto. Pero cualquier inversionista, titular de operaciones o ciudadano podría conocer tales decisiones y tener las mismas posibilidades de estar informados que un profesional especializado.
La manera más efectiva para ello es que la administración adopte como regla general publicar sus decisiones. Hace muchos años, con mi equipo de trabajo nos organizamos para formular solicitudes de acceso a la información pública (o SAIP) cada cierto tiempo, con la finalidad de tener en un solo repositorio digital con tecnología OCR las decisiones emitidas por ciertas autoridades. Dicha tecnología permite que las búsquedas de información sean extremadamente eficientes. Cuando empezamos, cerca del año 2005, la cantidad de autoridades que cuestionaban la viabilidad de tales pedidos no era menor. Hoy con alivio puedo decir que una entidad de la administración raramente cuestionaría una SAIP en ese sentido y que, más bien, la gran mayoría procede con naturalidad a entregar la información solicitada.
Sin embargo, aquel no es el proceder más eficiente. Lo sería más que todas las decisiones estén publicadas en la web. Un ejemplo destacable pero aislado es el de OEFA, cuyos órganos sancionadores y de segunda instancia publican las decisiones que adoptan. Si bien como usuario podría mencionar ciertas oportunidades de mejora, no puedo dejar de destacar que el actuar de dicha entidad es un ejemplo que seguir por otras autoridades. Así, si todas las autoridades regulatorias publicaran sus decisiones (por ejemplo, en asuntos de seguridad industrial, telecomunicaciones, manejo de explosivos, residuos sólidos, etc., las cuales por regla general son públicas) se lograría una mayor predictibilidad.
Los funcionarios que saben que sus resoluciones van a ser publicadas tienen mayor cuidado que aquellos que tienen la seguridad que sus decisiones sólo serán conocidas por unos cuantos. La publicidad genera el incentivo de lograr consistencia en la aplicación de las normas legales y técnicas, pues la posibilidad de escrutinio es mayor.
Fuente: GESTIÓN.
