El acceso al agua por red pública prácticamente no ha avanzado en la última década. Entre 2017 y 2025, la población atendida aumentó en cerca de 2.5 millones de personas, de 24.7 a 27.1 millones. Sin embargo, ese aumento no alcanzó para seguir el ritmo del crecimiento poblacional y la cobertura nacional cayó de 83.9% a 83.3%, según los Censos de Población y Vivienda del INEI. Así, más de 5 millones de peruanos aún no tienen acceso a este servicio, casi 670 mil más que en 2017.
EL REZAGO SE CONCENTRA EN LAS CIUDADES
La cobertura urbana disminuyó de 90.5% en 2017 a 88.7% en 2025, como resultado el número de personas sin acceso aumentó en más de 700 mil. Por ello, más de la mitad de quienes hoy no tienen agua por red pública vive en zonas urbanas. En cambio, en el ámbito rural la cobertura aumentó de 58.9% a 61.1%, favorecida por un menor crecimiento poblacional y un mayor número de personas atendidas.
El rezago urbano ocurre mientras las ciudades crecen de forma desordenada e informal. Según cálculos del IPE, en 2025 casi dos de cada tres viviendas urbanas eran informales, lo que dificulta y encarece la ampliación de las redes. Por ejemplo, en las zonas periurbanas de Lima Metropolitana y Callao, el costo unitario de conexión puede ser hasta 25 veces mayor, según datos de la Sunass.
Las diferencias regionales también son amplias. Mientras Callao, Lima Metropolitana, Apurímac y Moquegua superan el 90% de cobertura, Loreto (46%), Puno (59%) y Ucayali (64%) siguen entre las regiones con menor acceso. Además, entre 2017 y 2025 la cobertura retrocedió en 14 de las 26 regiones, con las mayores caídas en Madre de Dios (-11.5 puntos porcentuales), Tumbes (-10.5 pp), Lambayeque (-10.3 pp) y Loreto (-9.3 pp).
TENER CONEXIÓN NO GARANTIZA UN SERVICIO DE CALIDAD
A nivel nacional, la proporción de personas que no recibe agua todos los días disminuyó de 13.5% en 2017 a 12.2% en 2025. Sin embargo, en Tumbes alcanza 47%, en Piura 39% y en Ica 37%, frente a menos de 5% en Callao, Lima Metropolitana y Tacna. También persisten diferencias en las horas de servicio. La población con acceso a red pública que recibe agua menos de 12 horas al día disminuyó de 31% a 27% a nivel nacional, pero el indicador empeoró en cinco regiones. Los mayores retrocesos se registraron en Tumbes (+10 pp), Junín (+8 pp) y Lambayeque (+5 pp).
La situación es más crítica en el acceso a agua segura. En 2025, solo 41.7% de la población contaba con este servicio y, en 13 regiones, menos de uno de cada cinco habitantes accedió a agua de calidad. En la Amazonía, salvo Madre de Dios (72%), todas las regiones registran coberturas menores al 20%; Loreto alcanza apenas 7.3% y Amazonas, 12.3%.
Estas brechas coinciden con grandes diferencias de competitividad. Las cinco regiones mejor ubicadas en el INCORE 2026 tienen, en promedio, una cobertura de agua cercana al 90%, frente a poco más de 60% entre las cinco últimas. En agua segura, la diferencia es de 54% frente a 15%, respectivamente.
DEBILIDADES DE GESTIÓN LIMITAN LA MEJORA DEL SERVICIO
Buena parte de las brechas se explica por problemas de gestión de las empresas prestadoras. De las 50 prestadoras de agua y saneamiento del país, 38 no facturan al menos 30% del agua que producen debido, entre otros factores, a fugas y conexiones clandestinas. En seis, esta proporción supera el 50%. Los casos más críticos son Agua Tumbes (69.9%), EPS Grau en Piura (62.5%) y Sedaloreto (60.5%).
A ello se suman fallas en la medición del consumo: en 13 prestadoras, menos de la mitad de las conexiones cuenta con medidor. Su situación financiera también es frágil. En 13 empresas, los costos operativos superan sus ingresos y 20 se encuentran bajo administración del OTASS por problemas de gestión que comprometen su sostenibilidad. Estas ineficiencias reducen la capacidad de mantener las redes existentes y financiar nuevas inversiones.
De cara a las elecciones subnacionales de octubre, el cierre de las brechas de agua y saneamiento debe ocupar un lugar central en la agenda. Los gobiernos regionales tienen responsabilidades en la planificación, articulación y financiamiento de inversiones, mientras que los gobiernos locales cumplen un papel clave en la prestación del servicio y el ordenamiento urbano. Sin embargo, al cierre de agosto de 2026, 8 gobiernos regionales habían ejecutado menos de la mitad de su presupuesto destinado a saneamiento urbano y rural.
Para cerrar las brechas más rápido se requiere frenar la expansión urbana informal, mejorar la capacidad de ejecución de los gobiernos subnacionales y fortalecer la gobernanza de las prestadoras. También es necesario consolidar un marco institucional sólido y ampliar la participación privada. Así se puede sumar capital, capacidad de gestión y mejores incentivos para elevar el acceso y la calidad del servicio.
