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La Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO, presentó el Informe Económico de la Construcción – IEC #48, donde indica que la construcción logró una excelente recuperación en el 2021 con una expansión de 35%, a pesar de la contracción de 3.1% en octubre, que se repetiría en noviembre (1.0%) y, aún con otra probable caída en diciembre. El gremio proyecta que para el 2022 se tendría un crecimiento de sólo de 0.2%, producto de menores inversiones públicas y privadas. Las operaciones de las empresas del sector sólo se incrementarán en 6.4% en 2021 y 0.3% en 2022.
Estas cifras se sustentan en una notable recuperación de la inversión, tanto privada como pública, siendo especialmente llamativas la fortaleza de la edificación informal y en la recuperación del mercado inmobiliario residencial, expresada sobre todo en el fuerte incremento del desembolso de los créditos hipotecarios y en las metas alcanzadas por los programas de vivienda social. Aunque la inversión minera también superó las cifras alcanzadas en el 2020, todavía no volvió a los niveles antes de pandemia.
Por su parte, la obra pública experimentó un significativo avance, aunque una parte importante de aquella corresponde a proyectos cuestionables como el Programa “Arranca Perú” y a pesar del creciente número de obras detenidas por controversias entre contratistas y contratante, y por casos de corrupción, lo que revela la debilidad, ineficiencia y tolerancia con la corrupción que afecta al marco normativo y administrativo que rige la contratación de obras estatales, en particular, y la gestión de infraestructuras y equipamientos públicos, en general.
Al respecto, el gremio advirtió revisar el inconveniente, precipitado e inoportuna intención de otorgarle facultades legislativas al Poder Ejecutivo para una nueva Ley de Contrataciones del Estado. Desde CAPECO, se dijo que es indispensable modificar radicalmente el actual modelo de contratación del Estado. Por ello incide en plantear la Ley de gestión de Infraestructuras y Equipamientos públicos.
Este año la inversión pública se recuperó con un crecimiento de 21.9%, pero la escasa capacidad de gestión ha hecho que solo se ejecute el 62.4% del presupuesto para obras, lo que pone en duda la expectativa al alza en 4.5% para el 2022. En cuanto a la inversión privada, esta creció 36% en 2021 por el fuerte impulso ocurrido en el primer semestre, a pesar de la contracción a partir del mes de julio. Para el 2022 el desfavorable clima de desconfianza del entorno político lleva a una probable caída o nulo crecimiento. Por su parte, las empresas constructoras redujeron 3.7% su inversión en nuevos proyectos en el 2021 y disminuirá 2.0% en el 2022.
Los precios de los materiales de construcción e insumos cerrarían al alza en el 2021 en respuesta a la elevación de sus cotizaciones internacionales y tipo de cambio principalmente. Entre los productos de mayor alza en los últimos 12 meses destacan: acero 38.6%, ladrillos 20.3% y cemento 5.1%. Lamentablemente la proyección para el 2022 indica a pensar que el crecimiento de los precios seguirá al alza hasta que no se tranquilicen las expectativas sobre el clima de confianza empresarial y ello no arrastre a una nueva subida del tipo de cambio. Por su parte, los proveedores indican que los precios de materiales se incrementarán en 15.3% en el periodo anual mayo 2021-abril 2022, mientras que los promotores inmobiliarios señalaron que los precios de las viviendas aumentarán 4.9% en el mismo periodo.
Sobre la vivienda social las cifras cerrarían este año con 12,570 créditos del Fondo Mivivienda otorgados (segunda mayor cifra desde 13,164 en 2013), y una caída en el desembolso de Bonos familiares habitacionales (41,979 BFH, Var anual: -13.4%). Estas cifras mostrarían la resiliencia del sector inmobiliario residencial frente a la ocurrencia de hechos imprevistos y graves como la pandemia, y por tanto la necesidad de que no se produzcan cortes o reducciones en la disponibilidad de subsidios como ha ocurrido en este año y podría pasar en el próximo.
En cuanto al empleo el sector tendría una importante recuperación que se relentizó en los últimos meses después del tope en abril-mayo-junio de 419 mil puestos. La variación anual alcanzaría el +9.8% el presente año, pero todavía con un aumento mayor en el empleo o adecuado. Es muy probable que los niveles de empleo caigan en 2022 en similar magnitud a las estimaciones del PBI del sector construcción.
Con respecto a la Inversión Minera, Capeco señala que de enero a octubre de este año subió 21% respecto al 2020, pero todavía se encuentra 15% por debajo del nivel antes de pandemia, lo que no se condice con la situación actual del mercado internacional de productos mineros ni con el monto de inversión que implica la cartera de futuros proyectos (borde los US$ 53 mil milllones).
En ese sentido, a los conflictos y roces generados con las comunidades en su área de impacto, se agrega el clima de tensión y protesta sobre los proyectos con muchos años de operación, derivando ello en bloqueos de carretera y paralizaciones de operaciones mineras.
Estas cifras, indica el gremio, son el resultado de la incapacidad mostrada por el gobierno para abordar la violenta protesta de comunidades campesinas y autoridades locales que viene paralizando las operaciones en yacimientos mineros y energéticos; la permisividad frente a invasiones de predios promovidas por traficantes de tierras; las marchas y contramarchas respecto a la prioridad que el gobierno le otorga a la iniciativa privada; la insistencia por impulsar un referéndum que promueva la aprobación de una nueva constitución a pesar de que solo una pequeña parte de la ciudadanía lo considera prioritario y la pretensión de cambiar el régimen tributario en pleno proceso de reactivación económica.
Corredor Minero, en este caso que involucra a numerosos proyectos mineros y que se extiende por tres regiones del sur del país (Apurímac, Cusco y Arequipa) se necesita previamente crear una entidad autónoma para formular e implementar un único Plan de Desarrollo para todo el ámbito territorial del corredor y pueda tener a su cargo la priorización, evaluación, ejecución y operación de los proyectos de desarrollo económico y social que se acuerde emprender. Así, se dará un tratamiento integral y articulado de las necesidades de la población, abandonando la fallida estrategia de planificación e inversión de escala distrital o provincial.
Esta entidad deberá estar a cargo de un representante del Poder Ejecutivo con rango de viceministro, que resida en la zona de manera permanente. Los gobernadores regionales y los alcaldes de las provincias que forman parte de la zona de influencia directa de los complejos mineros formarán parte del Consejo Directivo. Idealmente, sugiere Capeco, para su conformación y para la etapa inicial de operación se debería contar con el asesoramiento de una entidad multilateral, con la finalidad de garantizar un nivel de excelencia en la gestión.
Ante ello, la Cámara Peruana de la Construcción reafirma y sugiere una reforma integral que se concreta en una agenda legislativa conformada por las siguientes normas:
- Ley de Gestión de Infraestructuras y Equipamientos públicos que sustituya a la actual Ley de Contrataciones del Estado, en lo que se refiere a la obra pública, lo que permitirá desarrollar proyectos de mejor calidad mayor durabilidad, así como contar con procesos más transparentes y eficiente para la contratación de obras.
- Ley de reforma del CEPLAN, para promover la planificación macro regional y el desarrollo de mega proyectos de infraestructura y desarrollo productivo con enfoque territorial. Condición indispensable para una adecuada priorización y articulación de estos proyectos, y para lograr la adhesión de la población a su implementación.
- Ley de Financiamiento Habitacional y Urbano, para asegurar el acceso de familias a la vivienda y entornos urbanos de calidad a través de la organización de todos los programas estatales de vivienda y desarrollo territorial, tanto en áreas urbanas como rurales.
- Ley de reforma de la Tributación Municipal, para optimizar ingresos, sobre todo los provenientes del impuesto predial, que grava el valor de los terrenos y de las edificaciones.
- Ley de modernización del SENCICO, para promover una política de innovación e investigación en la construcción a partir de las necesidades de trabajadores, empresarios y del Estado y buscando que la industria de la construcción sea más segura, más económica y más amigable con el medio ambiente.
- Ley modificatoria de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, para convertir en obligatorios los Consejos Consultivos en los ministerios.
- Ley modificatoria de la Ley General de Desarrollo Urbano, para impulsar la constitución de un Operador Público de Suelo independiente del Fondo MIVIVIENDA, la articulación de inversiones en servicios públicos con los programas de desarrollo urbano y habitacional, así como el fortalecimiento del rol del Ministerio de Vivienda en la implementación y financiamiento de planes y catastros urbanos.
Medidas a corto plazo
- Emprender la reforma fiscal, considerando simultáneamente la modernización tributaria y la mejora en la calidad del gasto, en particular la obra pública, mediante una Mesa de Trabajo entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y los gremios de empresas, profesionales y trabajadores.
- Acelerar la ejecución de obras públicas, mediante mejoras en normas reglamentarias o administrativas del MEF o del OSCE.
- Impulsar una solución integral a los conflictos que afectan las operaciones e inversiones en proyectos mineros, en particular los que se encuentran en el Corredor Minero del Sur.
- Incrementar el presupuesto para subsidios de Techo Propio y Mivivienda para consolidar este segmento del mercado inmobiliario y evitar que se afecte a clientes con el aumento de cuotas de crédito producto del alza de precios y de las tasas de interés.
- Resolver conflictos ente el Ministerio de Vivienda y las municipalidades por la aplicación y alcances de la normativa urbana, lo que favorecerá la producción de vivienda, en particular la de interés social.
