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Creemos que las obras que hemos ejecutado han tenido un impacto favorable en la calidad de vida de la población beneficiada”, comenta Pablo de la Flor, gerente de la división de asuntos corporativos del BCP, sentado en el lobby del hotel El Libertador de Trujillo, ciudad en la que horas antes pondría la primera piedra de su más reciente proyecto: la construcción e implementación de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de la Policía Nacional.
Esta obra contribuirá a incrementar los niveles de seguridad en la región La Libertad, en beneficio de un millón y medio de habitantes.
Es la segunda vez que el BCP –uno de los principales gestores del mecanismo de Obras por Impuestos– se asocia con otros gigantes de la empresa privada con un mismo objetivo. Para la obra, que se culminará en el 2016, el consorcio integrado por ellos, además de Backus, Barrick y Poderosa en alianza con el Gobierno Regional de La Libertad, invertirá S/. 36,6 millones.
La iniciativa contempla la habilitación de la infraestructura para la formación integral de 360 alumnos. Se construirán, además de cuatro pabellones para dormitorios, ambientes para la formación física de los suboficiales y un polígono de tiro para realizar prácticas. Asimismo, se contará con un sistema de tratamiento de aguas grises, que serán empleadas para el riego de los jardines de la escuela.
Convertirse en la institución privada con más proyectos en ejecución al amparo de la Ley de Obras por Impuestos –en total, 27 convenios que superan los S/. 400 millones– no fue tarea sencilla. La travesía comenzó en el 2010 y, durante el proceso, comenta De la Flor, los gobiernos locales y regionales alimentaban dudas al respecto, lo que impedía que pudieran emprender la planificación de las obras de desarrollo sostenible con libertad.
Actualmente, la empresa se encuentra en coordinaciones con el Ministerio de Educación para construir un colegio de alto rendimiento (COAR) en el departamento de Lambayeque, cuya inversión ascendería a S/. 70 millones.
“Todavía hay escepticismo por parte del gobierno. Sin embargo, el mecanismo OxI está demostrando ser efectivo. La ventaja que tienen las autoridades es que pueden acceder a recursos de programas del Estado, como el Foniprel, Mi Riego, entre otros, cuyos presupuestos también están a disposición y, en este caso, el descuento no afectaría el canon de la región o de los municipios. Veo un buen horizonte para esta iniciativa”, finalizó.
Fuente: GESTIÓN
