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CAPECO: El 2022 fue un año crítico. Mejorar la economía en 2023 dependerá de consolidación del nuevo gobierno

El reciente Informe Económico de la Construcción – IEC #60 de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) sostiene que los indicadores previos al 7 de diciembre ya marcaban una ralentización del crecimiento de la producción, la inversión, el empleo formal y de los principales componentes de la construcción privada para el 2022. Solo la obra pública presentaba un relativo crecimiento, mediatizado por la baja calidad de las infraestructuras, la paralización de las obras y la recurrencia de los casos de corrupción. Para el 2023, el escenario también se presentaba incierto, incluso para la inversión pública, debido sobre todo a la asunción de nuevas autoridades regionales y locales.

“La superación de esta difícil coyuntura, la recuperación de la dinámica productiva y de la paz social, dependerán fundamentalmente de la adhesión que alcancen el adelanto de elecciones generales y las reformas políticas que tanto el Ejecutivo como el Congreso se han comprometido a llevar a cabo. CAPECO considera necesario emprender una reforma del modelo de gestión estatal (ver Anexo1), cuya ineficiencia y tolerancia a la corrupción han debilitado la confianza de los ciudadanos en la democracia y es la causa principal del mantenimiento de las brechas sociales y de las limitaciones que afectan la competitividad y sostenibilidad del aparato productivo nacional”, indicó Guido Valdivia, director ejecutivo de CAPECO.

La actividad constructora experimentó un resultado positivo en octubre al incrementarse 4.2%, según el INEI, valor menor al 5.8% que estimó CAPECO  en el IEC de noviembre. La diferencia en la estimación se debió a que la obra pública alcanzó una subida de 37.8% (CAPECO calculó 39.8%), mientras que el consumo de cemento se contrajo en 6.4% (se esperaba que la caída fuese de 5.0%).  Con la performance de octubre, por quinta vez consecutiva, el sector construcción creció más que la economía en general, posicionándose como el quinto sector más dinámico en dicho mes. Para noviembre, CAPECO proyecta un incremento de 5.6% del PBI Construcción, como consecuencia de una subida de 48.1% en la ejecución de obras públicas. CAPECO calcula que el PBI sectorial podría crecer alrededor de 2.7% en el año 2022, cifra relativamente mayor que la se esperaba hasta hace algunas semanas. Sin embargo, este desempeño positivo sólo se sustenta en la obra estatal que, como se ha señalado reiteradamente en el IEC, presenta graves deficiencias en su modelo de gestión, lo que relativiza su impacto en la producción y el empleo.

Entre enero y noviembre del presente año la ejecución de obra pública sumó 36 mil 232 millones de soles, lo que implica un récord histórico, a pesar de lo cual, CAPECO estima que el Estado solo llegará a invertir alrededor del 65% de su presupuesto al final del año. “Es la primera vez en lo que va del año en que el gobierno central presentó un resultado positivo (+2.2%), mientras que, en las regiones y las municipalidades, los niveles de ejecución son sensiblemente mayores: 34.0% y 29.9%, respectivamente”, agregó Valdivia. El BCRP estima que la inversión pública podría crecer 6.0% al cierre del 2022.

En cuanto a la inversión privada, el BCRP no modificó en su reporte de diciembre, percibiendo que no crecería en el presente año, pero cálculos de consultoras privadas sostienen que se producirá una contracción de entre 0.4% y 1.6%. La marcha de los principales componentes de la construcción privada en lo que va del año confirmarían la presunción de una baja en 2022, como se muestra a continuación:

  • Para adquisición de viviendas los créditos hipotecarios se han contraído en 14.0% entre noviembre 2021 y octubre 2022 y en 17.3% en los primeros diez meses del presente año, lo que demuestra que el ritmo de la contracción se viene intensificando pudiendo terminar el año con una disminución cercana a 20%. Debido al comportamiento negativo de los préstamos otorgados por las instituciones financieras con sus propias líneas de crédito.
  • Este segmento se encuentra en un nivel de muy moderada actividad. Al tercer trimestre del 2022, la oferta nueva en Lima Metropolitana sumó 48,423 m2 según Colliers, vale decir 0.5% menos que a fines del 2021, año en que se logró una recuperación de 56.0% en relación con el 2020.
  • Centros Comerciales. De acuerdo con Colliers, el nivel de vacancia en tiendas típicas dentro de centros comerciales -que no considera tiendas ancla, las de los patios de comida ni los módulos– llegó a 16.2% en el primer semestre del 2022, vale decir un incremento de 1.1% respecto al final del año anterior.
  • Minería. La inversión en este sector se contrajo 4.1% entre enero y octubre del 2022. El BCRP ha modificado su estimación sobre el comportamiento de este indicador para el 2022, pasando de -3.7% en su reporte de setiembre a -6.0% en el que publicó hace algunos días. Este deterioro es atribuible a las paralizaciones y protestas que se han extendido en áreas de influencia de complejos mineros.
  • Construcción informal. El subempleo en el sector construcción de Lima Metropolitana disminuyó en 30.4% durante el trimestre móvil setiembre-noviembre 2022 en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo que reflejaría que la construcción informal seguiría contrayéndose. Por su parte, el empleo formal creció 4.5% en setiembre-noviembre, algo menos que el 6.8% que en agosto-octubre.

El desempeño de la economía, de la inversión privada y del sector construcción en el 2023 dependerá de la capacidad del nuevo gobierno para generar el apoyo ciudadano a sus planes de adelantar las elecciones generales, previa aprobación de reformas políticas que mejoren la representatividad y la idoneidad de las autoridades. Pero, CAPECO considera necesario que estas reformas como la del actual modelo de gestión pública deben efectuarse con la participación de entidades representativas de la sociedad civil.

ANEXO

Es necesario que el actual gobierno de transición también inicie el proceso de modernización de la gestión del Estado peruano, para lo cual es necesario emprender:

La reformulación del esquema de descentralización, favoreciendo la constitución de entidades multi-regionales y fortaleciendo a los gobiernos provinciales para la planificación sectorial y territorial y para la gestión de mega-proyectos productivos y de infraestructura.

La sustitución de los sistemas de evaluación de inversiones públicas y de priorización de proyectos de infraestructura, introduciendo criterios de selección basados en el mejor desempeño en todo el ciclo de vida de tales proyectos, el mayor impacto territorial y la mayor necesidad.

El empoderamiento de los funcionarios públicos, promoviendo la meritocracia y la especialización, así como ofreciéndoles protección legal por las decisiones que tomen en situaciones críticas.

La modificación radical de la normativa de contratación pública, reemplazando los criterios de selección basados en el menor precio por otros que valoren la calidad y sostenibilidad de los productos o servicios, la experiencia y la capacidad de innovación de los postores.

La certificación independiente de la idoneidad de las entidades estatales para contratar y operar servicios o infraestructuras, disponiendo que estas funciones se trasladen a otras ejecutoras públicas en caso de que aquellas no superen los procesos de certificación.

La modernización de los procesos de supervisión y control, mediante el empleo de modernas tecnologías de información, e involucrando a otros actores públicos como privados en la ejecución de tales procesos

La estandarización y, cuando sea posible, la digitalización de los procedimientos administrativos, que deben concebirse como generadores de valor y no sólo como verificadores del cumplimiento de requisitos formales.

La implementación de estrategias eficientes para la prevención, mitigación y atención de emergencias por fenómenos naturales, crisis sanitarias o sociales, que incorporen a las empresas privadas y a las organizaciones sociales en su ejecución.

La adopción de políticas integrales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la adaptación de nuestro aparato productivo y de servicios al cambio climático.

El establecimiento de un nuevo marco legal y operativo que promueva una relación transparente, eficiente e institucionalizada entre el Estado y la sociedad, para la discusión, implementación y actualización de políticas públicas.

 

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