El Gobierno de China rechazó las acusaciones de Estados Unidos sobre la presunta perdida de soberanía del Perú en el puerto de Chancay.
A través de la red social ‘X’, Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, desmintió el pronunciamiento de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.
“China se opone firmemente a las falsas acusaciones y desinformación de Estados Unidos contra la cooperación de China con Perú en el puerto de Chancay”, indicó.
A su vez, la Embajada de China en el Perú también se pronunció mediante ‘X’ asegurando que la relación con Perú está basada en un trato equitativo.
“La cooperación entre China y el Perú siempre se basa en el respeto mutuo, el trato equitativo y las ganancias compartidas. Nos oponemos firmemente a las acciones que interfieren en la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de otros países”, indicaron.
Las declaraciones se producen luego de que el Departamento de Estado de EE.UU. expresara su preocupación por los reportes que señalan que Perú podría verse impedido de supervisar adecuadamente el terminal portuario, calificando a los inversionistas como “propietarios chinos depredadores”.
“Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía”, publicaron en ‘X’.
Posteriormente este mensaje fue compartido por el recientemente nombrado embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, quien añadió: “Todo tiene un precio, y a la larga lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder soberanía”.
¿Por qué se dio el pronunciamiento?
Estas advertencias se dieron luego que el Poder Judicial resolviera limitar expresamente las competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) sobre el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, de titularidad de Cosco Shipping Ports Chancay Perú.
De esa manera, se declaró fundada la demanda de amparo presentada por la empresa contra Ositrán y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y ordenó que el regulador se abstenga de regular, supervisar, fiscalizar o sancionar las operaciones del terminal.
Pero, se precisó que el puerto no quedará sin control pues la Autoridad Portuaria Nacional (APN) se encargará de la supervisión técnica, operativa y de seguridad; mientras que Indecopi mantiene el rol de evaluar la existencia de competencia en los servicios portuarios.
Fuente: GESTIÓN.
