Debido a los frecuentes problemas de convivencia que se presentan en edificios, conjuntos habitacionales, quintas y otras edificaciones multifamiliares, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) elaboró un proyecto de ley que, entre otros aspectos, permitirá regular los conflictos entre propietarios que comparten áreas de propiedad exclusiva y común.
Entre los problemas más habituales se encuentran el uso indebido de los aires y espacios comunes, el cobro de mensualidades por servicios de mantenimiento, la carencia de un reglamento interno y el incumplimiento de los acuerdos de la junta de propietarios.
¿En qué consiste esta propuesta?
Ante esta situación, el MVCS elabora el proyecto de Ley del Régimen de la Propiedad Horizontal, que busca empoderar a las juntas de propietarios, que pasarán a ser un sujeto de derecho y estarán orientadas a administrar, mantener y mejorar las instalaciones inmobiliarias. La iniciativa buscará regular y facilitar su conformación, tratamiento, derechos y deberes.
“También establecerá que estas edificaciones tengan un reglamento interno, que es un instrumento legal obligatorio para todos los propietarios en el cual se establecen los derechos deberes y obligaciones de todo propietario”, afirmó el director general de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo del MVCS, José Antonio Cerrón.
Además, la propuesta normativa permitirá regular las condiciones para que la junta de propietarios apruebe la ejecución de obras de sobreedificación (construir en las azoteas) o subedificación (construir nuevos sótanos), ampliación y remodelación, previo a la solicitud de la licencia municipal
Igualmente, establece disposiciones para una cobranza efectiva de las cuotas obligatorias. “Este proyecto permitirá la regulación de un régimen sancionador para los propietarios que cometen una infracción, como el incumplimiento de pago”, explicó Cerrón.
Asimismo, este proyecto estipula un registro de morosos donde aparecerán aquellos propietarios que no cumplen con el pago de sus cuotas de mantenimiento, lo que traerá como consecuencia, por ejemplo, su inhabilitación en el sistema financiero.
Una vez se concluya la elaboración del proyecto de ley, será enviado al Consejo de Ministros para su aprobación y posterior remisión al Congreso de la República, donde deberá ser debatido y, eventualmente, aprobado.
Fuente: ANDINA.
