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Economista
Hace cuatro años, poco después de las elecciones en las que los limeños elegimos como alcalde a Jorge Muñoz, escribí una columna en la que explicaba por qué la concesión del Metropolitano había resultado ser un desastre (“Desastre metropolitano”, El Comercio 14.11.2018).
La idea de esta concesión era que la Municipalidad de Lima (a través de ProTransporte) construyese y operase las estaciones, los corredores viales y la infraestructura complementaria, y varias empresas privadas proveyeran los buses mediante contratos de concesión. Lamentablemente, la municipalidad no había cumplido con todos sus compromisos contractuales, por lo que la concesión aún seguía estando en su etapa preoperativa a pesar de haber operado por ocho años. Además, los múltiples incumplimientos contractuales habían generado demandas arbitrales que la municipalidad perdió, y cuyos laudos otorgaron a los concesionarios cientos de millones de soles como compensación por los daños sufridos.
Bueno, han pasado cuatro años desde aquella columna y poco ha cambiado. La municipalidad sigue sin retirar a las unidades de transporte que compiten con el Metropolitano, y si bien por fin se inició la construcción de la última etapa del corredor segregado (cuyo incumplimiento genera el abarrotamiento de la estación Naranjal y aumenta los costos del sistema al obligar a los buses a recorrer 10 km sin pasajeros), es imposible que se pueda cumplir con su compromiso de construir un patio de maniobras donde se comprometió (Chimpu Ocllo). La municipalidad decidió construirlo en otro lugar (Sinchi Roca), pero no se sabe si los concesionarios lo aceptarán. Y las fórmulas de tarifas siguen siendo imposibles de actualizar porque los índices en las que están basadas dejaron de publicarse hace años.
Hoy, el concedente ya no es la Municipalidad de Lima, sino la ATU (Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao). Lamentablemente, esto no ha cambiado nada. Las concesiones de los buses, pactadas a doce años, siguen estando en su etapa preoperativa a pesar de haber operado durante doce años; la deuda con Cofide, quien los financió, sigue sin pagarse; y varios de los incumplimientos que generaron las compensaciones millonarias siguen sin cumplirse.
En mi opinión, estamos ante una concesión que ha estado tan mal conceptualizada y planificada que pretender operarla como se previó es imposible. Así que hoy no queda más que hacer como Alejandro Magno, quien en vez de intentar desenredar el nudo gordiano optó por cortarlo por la mitad. Me refiero a rediseñar completamente la concesión, renegociar los contratos con los concesionarios y reescribirlos bajo condiciones razonables que el Estado peruano esté en condiciones de cumplir. Eso no solo es lo más sensato, sino lo mínimo que merecemos los limeños, quienes somos los que sufrimos las colas larguísimas, los buses llenos y las estaciones abarrotadas.
Fuente: GESTIÓN.
