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En el Perú se estima que la brecha de infraestructura de largo plazo asciende a poco más de US$110,000 millones, lo que equivale -según el Instituto Peruano de Economía (IPE)- al 54% del Producto Bruto Interno (PBI) del 2020.
Para cerrar esta brecha, en el 2019 se creó el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), que priorizaba una cartera de 52 proyectos que representaban una inversión de S/ 99,197 millones en sectores como transporte (26), electricidad (8), comunicaciones (5), agricultura (4), saneamiento (4), hidrocarburos (3) y ambiente (2).
Pero, además de haberse incrementado el valor de dichos proyectos hasta más de S/ 118,000 millones -por el mayor costo de la Línea 3 del Metro de Lima (+S/ 10,963 millones) y a un mayor precio del dólar, como señalan en la Cámara de Comercio de Lima (CCL)-, hasta setiembre último solo se registraba un avance de 16%, mientras que solo en el 2021 se avanzó con un 3.3% en la ejecución de estos proyectos.
Solución a la vista
Para evitar que la brecha continúe en incremento y considerando los actuales niveles de ejecución de los tres niveles de gobierno (central, regional y local), el consultor internacional en alianzas público-privadas (APP) e infraestructura, Eduardo Escobal Mc Evoy, sugiere echar mano de los fideicomisos de infraestructura, coincidiendo con la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).
En su momento, el gremio constructor ya había advertido que como parte de los desafíos que se deben asumir para emprender una verdadera modernización de la infraestructura pública, se debería permitir que la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) constituya fideicomisos en obras públicas para reducir problemas con fianzas.
Habiendo pasado casi un año desde que Capeco pusiera sobre la mesa esta propuesta y sin mostrar avances al respecto, Escobal sostiene que debido a que en el corto plazo no ve probable que se puedan transferir capacidades de ejecución a los gobiernos regionales y locales, “es mejor implementar los fideicomisos de infraestructura”.
Explica que bajo esta figura, en el caso de los gobiernos subnacionales, se podría “fideicometer proyectos y recursos a un fiduciario para que contrate un project management office (PMO) para que planifique su ejecución”. ¿Cómo? “Elaborando paquetes de proyectos estratégicos y contratando las mejores prácticas internacionales, los diseños y la ejecución, con lo que se podría controlar costos, calidad y cronograma”, afirma.
Según refiere el también docente de Esan, este mecanismo “es una solución sencilla y rápida de implementar, que aprovecha la legislación peruana para hacer las cosas de manera distinta y obtener mejores resultados”.
¿Cómo funcionan?
Partiendo de la premisa -como dice Escobal- que se trata de una solución “potente y con capacidad de implementarse rápidamente para acelerar las inversiones en obras públicas, APP y obras por impuestos”, el fideicomiso es una relación jurídica en que el fideicomitente (en este caso el Estado) transfiere bienes a un fiduciario (empresa regulada por la SBS) para la constitución de un patrimonio con la exigencia del cumplimiento de instrucciones específicas.
A partir de ahí, el fiduciario recibe el encargo de hacer que el proyecto se ejecute y, para ello, contrata una oficina de gestión de proyectos o PMO que se encargará de realizar todas las acciones que impliquen sacar adelante la inversión:.
En ese sentido, dicha oficina planificará, armará paquetes, licitará, contratará la construcción, ejercerá acciones de control, gestionará riesgos y cambios, controlará los cronogramas, tiempos, calidad, costos y pagos, entre otras actividades que ayuden a que el proyecto se concrete.
Según el especialista, con el uso de los fideicomisos de infraestructura no solo se reducen los riesgos de sobrecostos inesperados y las paralizaciones por decisiones políticas, también se minimiza la posibilidad de que se cometan actos de corrupción porque “quien licita, adjudica y paga no es la institución pública, sino un vehículo independiente de las partes, y al tratarse de un patrimonio autónomo y protegido por ley, brinda un alto nivel de independencia y celeridad en la toma de decisiones”.
Por razones como esas, Escobal asegura que aunque este año “las inversiones serían algo mayores a las del 2019, que ya era el peor año de la década, el 2022 representa una oportunidad para el Congreso y el Ejecutivo para reformular los fallidos marcos regulatorios de la contratación de la obra pública y de las AP, para pensar en un mediano plazo promisorio”.
Fuente: GESTIÓN.
