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Por German Loyaga Aliaga
Periodista especializado en Economía
A raíz de la Declaratoria de Emergencia en el país por causas del Covid-19, el 25 de mayo del 2020 se publicó la Ley N° 31020, que delego al Poder Ejecutivo facultades legislativas para establecer medidas necesarias para el deshacinamiento de los establecimientos penales y Centros Juveniles por el riesgo de contagio del Coronavirus, publicándose los Decretos Legislativos N° 1513 y N° 1514 de fecha 04 de junio del 2020, modificando el Código Penal, Código Procesal Penal y Penitenciario, otorgando a los jueces atribuciones para que puedan revisar de oficio, las diversas prisiones de las personas privadas de su libertad.
Este hecho también favorece indirectamente la vida e integridad del personal que labora en estos centros, que al producirse el deshacinamiento de los penales ambos evitarían los contagios del Covid-19. Asimismo incluir la modificación del Decreto Legislativo N° 1322 y otros términos legales que regulan la vigilancia electrónica personal -que como medida coercitiva individual y de sanción penal-, disminuiría la superpoblación que afecta al Sistema Nacional Penitenciario en su objetivo de lograr la reinserción social del adulto y del adolescente.
A todo esto, se debe considerar que la Ley N° 31020 se emitió a iniciativa del Poder Ejecutivo para promover el deshacinamiento de los penales del país, materia que fue sustentada previamente por el presidente del Consejo de Ministros Vicente Zevallos y el ministro de Justicia Fernando Castañeda ante el pleno del Congreso los días 22 y 23 de mayo del 2020, sesión en la cual elevaron el pedido de otorgación de facultades legislativas para desarrollar el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios y centro juveniles por los altos riesgos del contagio del Coronavirus.
Ante esta situación impensada no se debe olvidar que el problema de la superpoblación de los Centros Penitenciarios no es de ahora, es un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo desde anteriores gobiernos, que no han podido resolver proyectando y ejecutando una verdadera Infraestructura de Centros Penitenciarios, aplicando las medidas mencionadas por los Derechos Humanos para la readaptación del interno y su integración a la sociedad.
Recordemos en el tiempo las promesas de los diversos gobiernos que nunca se cumplieron, a pesar de ser un problema ardiente fácilmente explosivo, que representa para el país una emergencia nacional por su superpoblación, siendo uno de los mayores segmento que tiene la mayor urgencia de intervención humanitaria, por la necesidad de aplicar medidas excepcionales e inmediatas para su solución, los cuales guardan relación con la Declaración de Derechos Humanos reconocidas en nuestra Constitución Política.
No está de más recordar que no solo ahora, sino en los últimos quince (15) años, el sistema precario de la infraestructura carcelaria fue declarado en emergencia nacional en cuatro oportunidades en los años 2005, 2012, 2017 y 2018; y de lo que se planifico para resolverlo solo fueron promesas, a pesar que el incremento progresivo de la población penitenciaria no se ha llegado a realizar una verdadera planificación y ejecución de su infraestructura, sino que todo quedo en promesas inconclusas, que ahora ante la Emergencia Nacional se aprecia más esa falta de decisión.
Por las mismas declaraciones del Premier se sabe que tenemos 68 penales a nivel nacional con una capacidad para 39,000 internos, sin embargo la población es de 97,000 internos.
Cumpliendo este programa de promesas, el anterior gobierno del ex-Presidente Ollanta Humala (2011-2016), su entonces ministro de Justicia Dante Figallo Rivadeneira, en diciembre del 2013 formulo ante la Comisión Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República, una serie de propuesta y medidas en la cual sobresalía la construcción de cinco (5) Megapenales a ejecutarse con los últimos avances de la tecnología moderna, donde cada uno acogerían una población aproximada de 3,200 internos por establecimiento, cuya área ocupada de cada penal sería de 90,000 m2; es decir, se acogería en total a 16,000 internos, establecimientos penitenciarios ubicadas en los Departamentos de Ica, Arequipa, Ancash, Moquegua y Piura, comprometiéndose a iniciar ese programa de obras a inicios del año 2014 y a terminarlos a partir de diciembre del 2015.
Luego su sucesor Gustavo Adrianzén Olaya, en mayo del 2015 hizo una visita técnica de inspección a los terrenos donde se constuiría los Megapenales de Ica y Arequipa, y anuncio que la construcción contará con ambientes y talleres de trabajo que permitiría a los internos tener una adecuada calidad de vida que haría que su rehabilitación y readaptación a la sociedad sea una realidad, anunciando que en julio del 2015 se otorgaría la Buena Pro a las empresas favorecidas dejándolas en un avance del 70% para que el siguiente gobierno las culmine y ponga al servicio del país.
Siguiendo ese programa anunciado, en julio del 2015 a través de la UNOPS se convocó a la Licitación 2 Megapenales ubicados en el Departamento de Ica y Arequipa, otorgándose la Buena Pro en el mes de noviembre del 2015 al Consorcio Ejecutor Ica (Ica) y a la empresa Cosapi (Arequipa), y en diciembre del 2015 la UNOPS elevo los informes y expedientes de contratación al Ministerio de Justicia para la firma del Contrato del Megapenal de Ica, pero por razones desconocidas no se llegó a cumplir con la firma del contrato para el inicio de la ejecución de las obras.
Luego ante la elección del nuevo presidente y toma de mando el 28 de julio del 2016 Pedro Pablo Kuczynski -que durante su campaña prometió una vez instalado en el asiento presidencial ordenaría la ejecución de otros cuatro penales-, volvió a convocar a través de la UNOPS en julio del 2017 solo la Licitación Pública del Megapenal de Ica, otorgándose la Buena Pro en octubre del 2017 al Consorcio Ejecutor Ica, y la firma del contrato se llevó a cabo en mayo del 2018.
Hasta la fecha no se sabe porque no se ha continuado con el proyecto de incrementar la infraestructura carcelaria con la construcción de nuevos penales, más aun cuando el ex Presidente Kuczynski en su mensaje del 28 de julio del 2018, sobre el plan presidencial del 2017-2018, ratifico ante el Congreso y el país, la necesidad urgente del deshacinamiento de la población carcelaria: “Estamos planificando la construcción de cinco (5) penales y vamos a reducir el hacinamiento de las cárceles, trasladando a los internos no peligrosos a un régimen de libertad condicional con grilletes” .
En este marco las autoridades del Ministerio de Justicia deberían cumplir con las promesas de ejecutar el Plan de Infraestructura Carcelaria, a fin de hacer efectivo el plan de humanización con los internos que por varias razones han delinquido, ya toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
