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marzo 14, 2026
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Megaproyectos usarán “inicio anticipado” al liberar interferencias para obras: el impacto

El Decreto Legislativo (D. Leg.) 1726 se oficializó días después que ProInversión asumiera oficialmente la titularidad del Anillo Vial Periférico (AVP), uno de los proyectos en ejecución más grandes en la actualidad en el Perú.

Su reto principal es, precisamente, la liberación de predios e interferencias. Por ello, como adelantó Gestión, ha firmado convenios con el concesionario a cargo para agilizar el proceso. ¿Qué dice el D. Leg. que podría acelerar el cierre del AVP?

Inicio anticipado en adendas

El D. Leg. 1726 tiene más de 20 artículos que adecúan el marco normativo existente para liberar predios e interferencias en proyectos, tanto para concesiones, bajo el marco de Asociaciones Público-Privadas (APP), como obras públicas.

Sin embargo, una de sus novedades más interesantes está en sus disposiciones finales. Si una APP o inversión pública necesita liberar interferencias, se “abre la puerta” a que se ejecuten sin contar con estudios finales aprobados, siempre que haya dinero disponible para avanzarlas.

“La aprobación final del mismo no limita el inicio anticipado y ejecución progresiva de las actividades de liberación de interferencias, las cuales pueden pactarse entre las partes, conforme a la programación y disponibilidad presupuestal correspondiente”, dice textualmente el artículo.

Esta disposición se aplicará, específicamente, en la firma de adendas que incluyan la ejecución de obras adicionales. Ese ha sido el caso, por ejemplo, del acuerdo firmado en 2025 con el puerto de Matarani para ampliar el terminal con obras por US$ 700 millones. También podría ser aplicada en el caso de las ocho adendas, por US$ 8,300 millones, que busca cerrar ProInversión en 2026.

Entre los proyectos destacados están la ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao, así como el proyecto de gas natural “7 regiones” a cargo de Cálidda.

Con el “inicio anticipado”, los adicionales podrán ejecutarse sin necesidad de que esté aprobado el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) o similares y será específicamente para actividades como remoción, traslado y/o reposición de alcantarillas, vías asfaltadas, redes eléctricas, de agua y alcantarillado de telecomunicaciones “y otras que correspondan”, según el D.Leg.

Herramienta útil

Consultado por este cambio en particular, Javier Bravo, asociado del área inmobiliario de PPU, consideró positiva la introducción de esa facilidad para avanzar obras adicionales en adendas.

“Bien utilizado puede ser una herramienta positiva muy poderosa (…) Por lo general, empresas como Movistar tienen un buen inventario de sus redes, pero públicas como Sedapal, no. Avanzar con un EDI preliminar, si se quiere, puede ayudar bastante”, apuntó.

Además, remarcó una realidad peruana: si bien es cierto que sería ideal tener el EDI antes de iniciar la liberación de interferencias o predial, suele ocurrir que en la salida a campo se identifican modificaciones por hacer al documento, lo que retrasa el proceso.

“Hay que entender la naturaleza de los EDI. El papel no te da certeza de lo que encontrarás en la realidad. Es útil en ese sentido también (la disposición del D. Leg.) porque podrás anticiparte y luego modificar los trazados, adecuar derechos de vía y otros”, estimó.

Entidades como Sedapal suelen ser las contrapartes con las que analizar cómo proceder para liberar interferencias en megaproyectos. (Imagen: Andina).

Por su parte, Franco Soria, socio de Inmobiliario y Construcción en CMS Grau, también valoró positivamente la introducción de este “inicio anticipado”, pero refirió que espera un uso marginal del mismo.

“Tanto el Estado como los concesionarios deberían tener mucho cuidado de liberar interferencias sin estudios definitivos. Es una ventana positiva, pero hay que usarla con cautela. Caso contrario, generarían contingencias”, explicó.

El abogado planteó que su uso debería ser únicamente en las áreas donde los estudios preliminares den mayores garantías de que no son espacios que podrían ser alterados por accidentes geográficos u otros.

“El peor escenario, y ha pasado ya antes, es que liberen interferencias que no terminan siendo necesarias para ejecutar el proyecto. Eso es una barbaridad”,cuestionó.

Liberación “en bloques” y con mejores tasaciones

Respecto a las otras mejoras que trae el D.Leg., ambos expertos saludaron la introducción del mecanismo de liberación de áreas en bloque.

Mediante este ya no se gestionarán los predios a liberar uno a uno, sino que se podrá intervenir polígonos completos.

Según Bravo, entidades como la ATU ya utilizaron figuras similares en el pasado, por ejemplo, en obras como la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. En ese sentido, la figura no es nueva, de acuerdo a Soria, pero sí el procedimiento para sacarle provecho.

“Debería facilitar una célere ejecución de las tasaciones. El perito podrá tasar 100 casas con criterios comunes, como tipo de suelo o zonificación (…) Antes la norma no lo permitía, era uno por uno”, señaló Soria de CMS Grau.

El otro punto neurálgico está vinculado, precisamente, a las tasaciones. La renovada norma plantea incentivos económicos más claros. Se entregará un bono adicional del 10% del valor de la tasación si los propietarios entregan los predios dentro de los plazos de manera voluntaria.

“Previo a esta norma se daba un premio del 30% sobre la tasación, pero no se aplicaba (…) Es importante que se den más incentivos: el Estado debe reconocer que es importante el valor que ofrecen a los afectados, es una afectación dura que te saquen de tu casa”, remarcó Bravo de PPU.

Fuente: GESTIÓN.

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