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Mercado de créditos informales cobra intereses de más de 500% anual

  • Estudio del IPE muestra que el 22% de los créditos informales son “gota a gota” y que, de los que se retrasaron en los pagos, el 35% recibió algún tipo de amenaza o presión.
  • Comisión de Economía del Congreso sesionará este miércoles para debatir se suspenda la aplicación de la ley que establece topes a las tasas de interés

Este miércoles 17 de abril, la Comisión de Economía del Congreso sesionará para debatir se suspenda la aplicación de la ley que establece topes a las tasas de interés (Ley 31143), medida que está vigente desde marzo del 2021.

La medida, que se aprobó en contra de la opinión técnica de varias entidades técnicas, terminó excluyendo a miles de personas del sistema financiero, dejándoles como opción de financiamiento el ámbito informal y de los préstamos “gota a gota”. De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCRP), la ley que establece topes a las tasas de interés significó la exclusión del sistema financiero del 25% de quienes solicitan créditos de consumo y de MYPE. Ello equivale a más de 220 mil clientes.

En este contexto, un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), realizado a partir de una encuesta a más de 1,200 personas y presentado en junio del 2023, estimó que, cada año, cerca de 580.000 familias participan en este mercado y reciben en promedio S/1.700 por crédito. Así, se estima que, de manera conservadora, el mercado de préstamos informales mueve S/1.000 millones por año. Ello representa casi el 80% de los créditos de consumo o a microempresas de todas las Cajas Rurales.

Lo que motiva a las personas a acceder a estos préstamos, principalmente, es buscar cancelar deudas, invertir en negocios y cubrir necesidades básicas, pero terminan pagando un alto costo: casi la mitad de los que recurrieron a estos préstamos terminaron pagando una tasa anual de 500% o más. Ello es 10 veces más caro, en promedio, que el costo del crédito de consumo o de microempresa en el sistema financiero peruano.

El estudio también reveló que el 22% de los créditos informales son “gota a gota” o tienen una frecuencia de pago diaria. Como se ha informado en los medios, estos préstamos derivan en casos de violencia. En ese sentido, el estudio encontró también que de los que se retrasaron en los pagos, el 35% recibió algún tipo de amenaza o presión, lo que sería más que suficiente para inducir a los otros prestatarios a un pago oportuno.

Los hallazgos de este estudio evidencian que la Ley 31143, que exigió al BCRP que establezca un tope las tasas de interés, ha dinamizado el mercado de crédito informal al excluir a miles de personas del sistema financiero formal. Así, ha significado altos costos para los que participan en él, además de abrir las puertas a actos ilícitos, como la extorsión, entre otros. En ese sentido, si bien lo más adecuado sería que se derogue esta norma, resulta positivo que la Comisión se encuentre discutiendo al menos suspender su aplicación.

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