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Como parte de las acciones efectivas que viene desarrollando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en la lucha contra la corrupción, la Procuraduría Pública del sector logró que un tribunal arbitral ampare las pretensiones de la Entidad y desestime las formuladas por el Consorcio Vial Huayllay (conformado por las empresas Constructora Aterpa M. Martins S.A. Sucursal del Perú, CONALVÍAS Construcciones S.A.S. – Sucursal Perú y JOHE S.A.).
Las diligencias arbitrales se realizaron en el marco de la ejecución del Contrato de Obra N° 057-2014-MTC/20 “Mejoramiento, Rehabilitación y Conservación por Niveles de Servicio del Corredor Vial – Lima – Canta – Huayllay – DV Cochamarca – Emp. PE-3N”, cuyo presupuesto ascendió a más de S/ 502 millones.
El fuero arbitral declaró ineficaz la resolución del contrato efectuada por el Consorcio Vial Huayllay, estableciendo que Provías Nacional (PVN) no incurrió en incumplimientos fundamentales.
Por otro lado, el tribunal arbitral desestimó todas las pretensiones formuladas vía de reconvención por el Consorcio Vial Huayllay, declarando que no corresponde reconocer ningún concepto económico a favor del Contratista, ni devolver la garantía de fiel cumplimiento de contrato.
Asimismo, declaró la resolución del contrato por causal imputable al consorcio por haber abandonado la obra; es decir, por dejar de ejecutar toda labor en el proyecto.
El Procurador Público del MTC, David Ortiz Gaspar, manifestó que el éxito de la defensa jurídica del caso ha sido el resultado de un exhaustivo análisis que realiza el equipo de arbitraje, así como del diseño de políticas, lineamientos y estrategias de defensa cimentadas en las buenas prácticas arbitrales.
De este modo, el MTC reafirma su compromiso de continuar con una férrea defensa jurídica de los intereses del sector y de lucha frontal contra la corrupción.
