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MTC: Más de 12,000 instituciones públicas podrán acceder a Internet

Serán más de 12,000 instituciones públicas, entre colegios, postas de salud y comisarías, las que accederían a Internet mediante el mecanismo del ‘pago cero’ por el uso de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), anunció el viceministro de Comunicaciones, Virgilio Tito Chura, en entrevista con EL Diario Oficial El Peruano.

El esquema beneficiará a 5,459 localidades sin acceso a Internet fijo con una población de 8.2 millones de habitantes en 23 regiones.

A manera de balance, el funcionario mencionó que el canon por cobertura aseguró un despliegue de 172 antenas 4G para el servicio fijo y móvil, que significarán una inversión de 97 millones de soles para las empresas operadoras.

–Viceministro, ¿cuáles son los resultados en conectividad rural a la fecha?  

–El tema de conectividad rural es desafiante si consideramos que algunas zonas de la selva y sierra presentan una gran dificultad para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, por acceso y cantidad de pobladores. Nuestro trabajo, en ese contexto, permitió avanzar en la implementación de los proyectos regionales de conectividad en Tacna, Moquegua, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Lambayeque, Cusco, Lima y la Integración Amazónica, beneficiando a 2,208 centros poblados y 4,031 instituciones públicas rurales.

Al mismo tiempo, se continúa con la implementación de 10 proyectos regionales de conectividad. Se estima que a fines del presente año se contará con tres nuevas iniciativas: Ica, Junín y Puno, y para el 2023, con otras siete, en Amazonas, Huánuco, Pasco, Áncash, Arequipa, La Libertad y San Martín.

Por otro lado, el plan Todos Conectados brinda internet de banda ancha a 591 plazas o espacios públicos de acceso digital (EPAD) de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Cusco, Lima y Loreto.

–Respecto al despliegue de infraestructura ¿cuál es el avance?

–Por el lado de los servicios de telefonía e internet móvil, las empresas operadoras continúan con la expansión de infraestructura necesaria para la prestación del servicio. Al cuarto trimestre del 2021, el número de antenas en servicio llegó a 72,918 a escala nacional, lo que representa un crecimiento de 6.8% respecto al mismo período del 2020.

Se observa que Ayacucho, Apurímac y La Libertad tuvieron el mayor porcentaje de alza en el número de estaciones con 12.9%, 9.2%, y 9.2%, respectivamente, en relación con el 2020. El crecimiento se registró también en Lima (8%), Ica (7.4%), Piura (7.1%); y Cajamarca (7.0%). En tanto, la región Lima mostró el mayor despliegue de antenas del servicio móvil con tecnología 3G y 4G, abarcando el 43.5% y 39.4% del total.

–En este adelanto, ¿destaca también el canon por cobertura?

–En efecto. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) promueve políticas como el canje de canon por cobertura, el cual permite a las empresas operadores destinar hasta el 40% del pago que deben realizar por el uso del espectro radioeléctrico en inversiones para instalar antenas 4G en zonas desatendidas o donde no hay ningún tipo de servicio.

Bajo esta modalidad, se prevé desplegar 172 antenas 4G para el servicio móvil o fijo, que significarán inversiones por 97 millones de soles para las empresas operadoras, con lo cual se beneficiará a 23,000 habitantes rurales de 18 regiones. En mayo pasado se firmaron las adendas para el programa 2022; las operadoras tienen un año para cumplir los compromisos asumidos.

–¿Qué acciones realiza el MTC para atraer inversiones que apunten a dar mayor acceso a Internet en zonas rurales?

–Tenemos el canon por cobertura y, en proceso, los concursos de bandas de frecuencias, que el MTC elabora con la finalidad de mejorar la prestación de los servicios de telecomunicaciones.

En la actualidad, trabajamos con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) en el concurso de las bandas AWS-3 y 2.3 GHz, en las que se estima una inversión superior a 1,500 millones de soles en compromisos de despliegue de infraestructura, con lo cual se beneficiarán cerca de un millón de personas.

En cuanto a la asignación de bandas de espectro radioeléctrico 5G, se busca que esta tecnología alcance su máximo potencial a partir del 2026, logrando velocidades 10 veces más rápidas que 4G.

Las inversiones estimadas para el 5G son de 5,000 millones de soles. Hay que aclarar que desde el 2021 hay cuatro operadores (Claro, Telefónica, Entel y Americatel) que ya usan la infraestructura 5G para ofrecer servicios de internet fijo inalámbrico e internet móvil en las principales ciudades del país. Sin embargo, es un 5G con limitaciones de espectro, por lo que la experiencia del usuario podría no estar acorde con las expectativas que genera el uso de esta tecnología.

–¿Se podrá definir la compra de un satélite para el sector Comunicaciones a fin de año?

–Es la idea. Hay cerca de 20,000 localidades a las que tendremos que apoyar con soluciones satelitales para poder llevarles internet de banda ancha. Para ello, se instaló un grupo de trabajo multisectorial que revisará, entre varias opciones, la propuesta de adquirir un satélite propio de comunicaciones. La idea es presentar en diciembre un informe detallado de las propuestas para que ayude a las autoridades del sector a tomar una decisión más factible sobre el tema.

Pago cero

La Red Dorsal es un proyecto emblemático, el cual implica el tendido de 13,500 kilómetros de fibra óptica a escala nacional que une a 22 capitales de la región y 180 capitales de provincias del Perú. Al respecto, el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) dispuso que el tráfico que las entidades públicas cursen mediante la Red Dorsal y las redes de transporte de los proyectos regionales estarán libre de pago.

“Con ello esperamos beneficiar a más de 12,000 instituciones públicas, entre colegios (7,481 entidades), postas de salud (4,431) y comisarías (300), en el ámbito nacional”, detalló el viceministro Tito.

Este esquema beneficiaría a 5,459 localidades sin acceso a Internet fijo con una población de 8 millones 286,077 habitantes distribuidos en 23 regiones del país, ubicados a una distancia máxima de 4 kilómetros de los nodos de la Red Dorsal.

Manifestó que “a la fecha, puedo adelantar que 17 entidades públicas ya se benefician del ‘pago cero’ y la capacidad total contratada es de 1.17 Gbps”. Esto favorece a entidades del Estado ubicadas en Ayacucho, Áncash, Apurímac, Huancavelica y Huánuco, respectivamente.

Datos

– Entre enero y julio del presente año, el MTC aplicó 13 multas equivalentes a 1.7 millones de soles por la prestación y uso de frecuencias del servicio de radiodifusión sin la autorización expedida por el MTC, reveló el viceministro Tito.

– Solo en julio del presente año se clausuraron 11 estaciones de radiodifusión clandestinas que operaban sin permiso en Puente Piedra, Carabayllo, Ate y Barranca (Lima), así como en Juanjuí y Alonso de Alvarado (San Martín).

– En lo que va de este año, se  clausuraron 53 estaciones de radiodifusión, en seis regiones.

– Los mayores casos se concentran en Lima Norte, específicamente en Comas, Independencia, Puente Piedra, Carabayllo, así como en San Juan de Lurigancho, Ate, Chorrillos y Huarochirí y Pativilca.

– En La Libertad, en los distritos de Guadalupe, El Porvenir y Florencia de Mora. Mientras, en San Martín se intervino en Jepelacio, Soritor, Nueva Cajamarca, Awajun, Pardo Miguel, Juanjuí y Alonso de Alvarado. Finalmente, también se realizaron operativos en Ventanilla, Callao; Chincha Alta, Ica; y en Pimentel, Lambayeque.

– El promedio mensual de intervenciones y clausura de radios piratas asciende a seis emisoras a nivel nacional. El registro más alto se dio en el distrito de San Juan de Lurigancho con 9 intervenciones en un solo mes.

-El uso sin control del espectro radioeléctrico causa interferencias perjudiciales a las estaciones de radiodifusión cercanas, pudiendo afectar incluso a las comunicaciones aeronáuticas, es decir, se atenta contra la seguridad y los servicios públicos de telecomunicaciones (telefonía móvil). Además, que estas estaciones piratas no cumplen con los pagos de impuestos al Estado y afectan principalmente, el derecho a la información, educación y cultura de la población.

Fuente: ANDINA.

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