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El canon, sobrecanon y regalías se puede entender como la participación de la que gozan los gobiernos subnacionales del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado, por la explotación económica de recursos. Estos recursos se deben destinar -principalmente- al financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión pública.
Los 10 municipios con mayor cantidad de recursos de canon y regalías para proyectos, ‘los más ricos’, disponen de S/ 3,060 millones, es decir, un 20.2% del total de recursos para proyectos municipales, proveniente del rubro 18 (canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones), según el “Seguimiento a la ejecución presupuestal” del Consejo Privado de Competitividad (CPC).
“La ingente cantidad de recursos no podrán ser ejecutados al cierre del año toda vez que, a un mes, estos 10 municipios requieren multiplicar por 22 su ejecución para ejecutar la totalidad de su presupuesto”, dijo Pedro Herrera, economista jefe del CPC. A noviembre, ejecutaron S/ 1,045.2 millones, quedando S/ 2,014.5 millones.
Los referidos 10 municipios se ubican en Áncash (San Marcos, Chimbote, Nuevo Chimbote y Chavín de Huántar), Cusco (Megantoni y Espinar), Arequipa (Yarabamba y Cerro Colorado), Tacna (Cnel. Gregorio Albarracín) e Ica (Marcona).
Elevados costos sociales
La baja ejecución de recursos tiene elevados costos sociales.
Así, por ejemplo, el hecho de no brindar de manera oportuna los servicios al ciudadano, constituye una de las fuentes de generación de conflictos sociales.
Este tema es por demás relevante en la actual coyuntura, caracterizada por un clima de alta tensión producto de la conflictividad social. Según la Defensoría del Pueblo, a octubre de 2022 se han registrado 218 conflictos sociales, cifra no observada desde el 2013.
Para el caso de los 10 distritos con mayor canon para obras, Herrera refirió que se observan 14 conflictos sociales, los cuales se encuentran distribuidos en seis distritos: Espinar con cinco conflictos, Megantoni con cuatro, San Marcos y Chavín de Huántar con tres, y Santa Chimbote y Nuevo Chimbote con dos conflictos. De este total, 11 corresponden a los de tipo socioambiental.
La baja ejecución
Se observan casos extremos de baja ejecución, como los correspondientes a los municipios de Yarabamba o Chavín de Huántar, donde se necesitaría ejecutar más de 45 veces su ejecución promedio para llegar a la meta anual. Otros distritos con desempeño deficiente corresponden a Marcona, Chimbote y San Marcos, donde se requeriría multiplicar por 30 la velocidad de ejecución.
Una de las razones que explican la baja ejecución de recursos para proyectos de inversión corresponde a su nulo avance, explicó Herrera. Esto es debido a que, de los 2,289 proyectos con presupuesto en 2022 correspondiente a los referidos 10 municipios, 594 han devengado cero. Es decir, en uno de cada cuatro proyectos no se ejecutaron recursos a la fecha.
“La caracterización de estos 594 proyectos según funciones indica que los correspondientes a transporte y educación, esenciales para al cierre de brechas, representan el 32% de la totalidad de estos proyectos”, comentó.
Factores
Fernando Gonzales, economista sénior del Instituto Peruano de Economía (IPE), consideró que hay factores que llevan a este escenario de baja -o nula- ejecución.
Recordó que si bien a inicios de año se aprueba un monto presupuestal, con el paso de los meses los recursos determinados suben, principalmente, por más canon y regalías. “La municipalidad no sabe con certeza cuál es la cantidad de recursos con la que va a contar. Este es un factor que le juega en contra para la ejecución”, dijo.
En esa línea, consideró que no existe la capacidad de gestión para poder ejecutar los mayores recursos que ingresan como resultado -por ejemplo- de un alza de precios de metales.
“Algunas propuestas hablan de un fondo de estabilización para que cuando se reciba más dinero (por canon, sobrecanon y regalías), el excedente se guarde en un fondo. Y cuando se reciba menos se libere este fondo para tener un ingreso un poco más suavizado”, dijo Gonzales.
Otro punto es que si bien el canon se debe usar principalmente para obras de inversión, parte del dinero está facultado para actividades de mantenimiento de esas obras. “Parece que puede haber un sobregasto en mantenimiento. Por eso también debemos hablar de calidad del gasto”, puntualizó.
Necesidad de mejorar servicios al ciudadano
A mejores estándares de calidad de vida -medidos a través de la mejora en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) o menor pobreza monetaria- se reduce la incidencia de conflictos sociales, especialmente los de tipo minero (Casas, 2017; Arellano-Yanguas, 2011).
Se ha encontrado una relación negativa entre los indicadores de acceso a servicios de conectividad, salud, educación e instituciones y el número de conflictos sociales, lo que indica que una mejora de servicios al ciudadano reduce la conflictividad social (CPC, 2022).
Para Iván Lanegra, profesor de Ciencia Política en la PUCP, la carencia de servicios del Estado es un elemento que consideran algunos actores para construir la narrativa alrededor de un conflicto. Pero, subrayó, no es un factor determinante en la totalidad de conflictos sociales.
Aun así, cuando hablamos de conflictos vinculados a la actividad extractiva -dijo-, la situación alrededor está sujeta a la historia de la zona con la actividad. En este contexto, frente a la carencia de servicios o un territorio donde la capacidad del Estado son limitados, no pasa con solo dar los servicios, sino con que las capacidades públicas crezcan de una manera tal que permitan gestionar cambios en el territorio.
Fuente: GESTIÓN.
