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Pacto nacional por la democracia, la reconciliación y la inclusión de los más necesitados

Este 6 de junio casi 20 millones de peruanos hemos acudido a elegir a quienes gobernarán el país. La mínima diferencia en la votación alcanzada por las dos fórmulas presidenciales impide hasta el momento definir a un ganador. Mientras no se conozca el resultado final es necesario que dirigentes y simpatizantes de ambos partidos den señales claras de madurez democrática y aguarden con tranquilidad el pronunciamiento definitivo de las autoridades electorales.

La magnitud y complejidad de la triple crisis (sanitaria, económica y política) que hoy vivimos y la profundidad de nuestras debilidades institucionales requieren una voluntad de consenso para abordarlas y un compromiso de respetar las reglas del Estado de Derecho y libertades de un sistema democrático, que deberán plasmarse en un Pacto Nacional por la Democracia, la reconciliación y la inclusión de los más necesitados con objetivos de corto, mediano y largo plazo.

El plazo inmediato exige una estrategia conjunta para garantizar:

  • La continuidad del Plan de Vacunación y control de la pandemia COVID-19.
  • La ejecución eficiente de recursos presupuestales del año y la formulación del Presupuesto General de la República 2022.
  • Que la aprobación de las iniciativas legislativas y las modificaciones constitucionales en curso en el Parlamento, se ciñan estrictamente a los procedimientos constitucionales y a las tradiciones democráticas.
  • El adelanto del habitual proceso de transferencia de información en las diferentes entidades del Poder Ejecutivo.

La estrategia deberá definirse en una Mesa de Negociación entre representantes del Poder Ejecutivo y de organizaciones políticas con representación en el Parlamento actual y el electo. Los acuerdos a que se arriben deberán ser explícitos y conocidos por toda la ciudadanía.

Debe iniciarse también un proceso de negociación para consensuar iniciativas de política pública que se pongan en marcha una vez instalado el nuevo gobierno y permitan:

  • Asegurar la sostenibilidad de las cuentas fiscales (podría incluir implementar tributos temporales).
  • Establecer un plan coordinado para otorgar subsidios económicos a familias afectadas por la pandemia.
  • Implementar medidas excepcionales para generar empleo formal, en particular de mujeres y jóvenes.
  • Priorizar programas sociales y de inversión pública y privada con alto impacto en la superación de brechas económicas y en la inclusión social.

Estas iniciativas deben ser aprobadas en un Acuerdo Tripartito entre el Estado y gremios representativos de la fuerza laboral y del sector productivo, incluidas pequeñas y microempresas.
Finalmente, debe emprenderse una amplia reforma institucional para fortalecer nuestro sistema democrático, optimizar el modelo económico y establecer un nuevo acuerdo que rija las relaciones entre la Sociedad y el Estado y permita:

  • Modernizar el aparato estatal buscando una gestión pública más eficiente y transparente.
  • Garantizar que el proceso de descentralización sea más eficiente y beneficie a todas las regiones del país.
  • Rediseñar el funcionamiento del Congreso para que tenga mayor representatividad y legitimidad, preservando el equilibrio de poderes.
  • Reformular el rol de la administración de justicia y los organismos reguladores, para garantizar los derechos de todos los ciudadanos y la seguridad jurídica.

Este esfuerzo reformador debe sujetarse estrictamente a las normas constitucionales, trascender los periodos gubernamentales e incluir en su implementación a organizaciones representativas de la Sociedad Civil. El espacio más indicado para la discusión de estas reformas es el Acuerdo Nacional, cuya conformación deberá ser ajustada para incluir a nuevos actores sociales.

La formalización de una buena parte de estas iniciativas exigirá modificaciones legales e incluso constitucionales, cuyo alcance y mecanismos de aprobación deben establecerse por consenso y respetando el régimen jurídico vigente.

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