Un shock de inversiones, decretos de urgencia para acelerar la contratación pública, aprovechar la capacidad instalada de las empresas peruanas que hoy ejecutan obras, modernizar los procesos con herramientas digitales e inteligencia artificial, así como revisar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República fueron propuestas por el presidente de la Asociación Peruana de Consultoría (APC), Arq. Pedro Morales, al considerar que el país necesita decisiones extraordinarias para recuperar el tiempo perdido en infraestructura.
«El Perú no puede seguir en cuidados intensivos por su brecha de infraestructura», advirtió Morales, al señalar que el próximo gobierno deberá colocar la ejecución de obras como una prioridad nacional, especialmente ante la posibilidad de un nuevo Fenómeno El Niño y la necesidad de acelerar proyectos de prevención, hospitales, colegios, carreteras y sistemas de agua y saneamiento.
Entre las medidas planteadas destaca la emisión de decretos de urgencia que permitan reducir los tiempos de los procesos de contratación sin afectar la transparencia, la libre competencia ni la calidad técnica de los proyectos.
Propuso también, aprovechar la capacidad instalada de las empresas peruanas que actualmente ejecutan obras públicas, permitiendo que continúen desarrollando nuevos proyectos. «El Estado no puede desaprovechar la experiencia, los equipos y el personal especializado que hoy ya se encuentra desplegado en distintas regiones del país», sostuvo.
El presidente de la APC también planteó modernizar los procedimientos de contratación pública, incorporando herramientas digitales e inteligencia artificial para simplificar las etapas administrativas. Señaló que los procesos que hoy pueden extenderse durante meses, podrían reducirse sustancialmente mediante una reorganización de las etapas de evaluación y verificación documental.
Como parte de esta agenda, consideró indispensable modificar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, al estimar que las restricciones para la aprobación de prestaciones adicionales de obra dificultan la toma oportuna de decisiones y terminan afectando el desarrollo de proyectos estratégicos.
Para sustentar esta posición, recordó el caso del Hospital Antonio Lorena del Cusco, cuyo presupuesto —según indicó— terminó incrementándose en aproximadamente un 300 %, convirtiéndose en un ejemplo de cómo las demoras en la gestión pueden traducirse en mayores costos para el Estado y en años de espera para la población.
Morales señaló que el país requiere una gestión pública capaz de responder con rapidez a los desafíos de la infraestructura. «No se trata de reducir controles, sino de hacerlos compatibles con una ejecución eficiente. Cada proyecto que se retrasa representa oportunidades perdidas para millones de peruanos y limita la capacidad del Estado para enfrentar los desafíos del desarrollo y los riesgos climáticos», concluyó.
Fuente: EL PERUANO.
