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Chavimochic III en riesgo de paralizarse por cinco años más

Destrabe de la tercera etapa de Chavimochic se paraliza. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, afirmó – durante su presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso- que el “Tribunal Arbitral ya resolvió el contrato” suscrito entre el Estado peruano y la concesionaria Chavimochic para la tercera etapa del proyecto de irrigación, “de manera que ya no hay más adenda”.

“En cuanto a Chavimochic, tengo que lamentar mucho que no hemos podido superar esto en el Ejecutivo porque todo el mundo tiene miedo. El ministro anterior (decía) voy a ir a la cárcel si firmo esto. Cuántas veces les hemos hecho sentir que hay aprobación social y política. No obstante eso, no hemos podido vencer esa dificultad, y el Tribunal Arbitral ya resolvió el contrato, de manera que no hay más adenda”, dijo textualmente.

“Inmediatamente nosotros nos ponemos a trabajar para concesionar el saldo de obra que queda (de la presa Palo Redondo), el 30% que queda (por hacer) y llevar a cabo inmediatamente eso. Somos muy conscientes que (Chavimochic) va a ampliar enormemente la frontera agrícola y, por supuesto, lo más importante, que no está en el contrato, pero lo más importante, el agua para Trujillo. Esa obra de todas maneras va”, agregó.

El pasado viernes 22 de setiembre el Tribunal Arbitral rechazó la ampliación del plazo para la lectura del laudo arbitral en curso a 90 días con posibilidad de ampliarse a 30 días como se había solicitado.

Ante ello, tanto el concesionario de la obra (conformado por Novonor ex-Odebrecht y Aenza, ex-Graña y Montero) como el Ministerio de Agricultura y Riego -concedente de la obra- solicitaron nuevamente una reconsideración para ampliar el plazo de la lectura del laudo a 60 días sin posibilidad de una nueva ampliación.

No obstante, según adelantó hoy Torres, esta fue rechazada y finalmente se decidió por la resolución del contrato suscrito entre la concesionaria Chavimochic y el Estado peruano.

Como se recuerda, las partes pedían la ampliación de la lectura del laudo para finiquitar la elaboración de una adenda (entre el Midagri y la concesionaria Chavimochic) para la culminación de la presa Palo Redondo.

Tras la paralización de la tercera etapa de Chavimochic -en el 2016- se inició un proceso arbitral entre la concesionaria y el concedente (hoy el Ministerio de Agricultura y Riego) ante el CNUDMI.

Como parte del arbitraje, la concesionaria tiene un reclamo al Estado peruano por US$ 118 millones.

A inicios de año -febrero 2022- la concesionaria planteó al Estado peruano desistir del arbitraje en curso y terminar la presa Palo Redondo (que tiene un 70% de avance) en 18 meses, lo que fue aceptado. En abril debió leerse el laudo arbitral. No obstante, las partes decidieron solicitar al tribunal la ampliación del plazo para su lectura.

Esta primera ampliación no fue suficiente, por lo que se pidió -en setiembre- una nueva ampliación de plazo a 120 días adicionales. Sin embargo, esta segunda ampliación del plazo ha sido rechazada.

¿Qué pasará ahora?

Según comentó a gestion.pe el presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Alfonso Medrano Samamé, este anunció implicaría la paralización de la obra.

“Si lo que dice el premier Torres es cierto, es una desgracia para La Libertad, ya que significaría que el Tribunal (Arbitral) va a hacer caso a la demanda de la concesionaria por US$ 118 millones. Ante ese escenario, ¿qué le queda al Gobierno peruano?, apelar (la decisión del Tribunal), lo que implicaría en la práctica judicializar la obra, lo que significaría que mientras dure el proceso, nadie podría tocar la presa que está al 70% (de avance)”, detalló.

“¿Quién va a querer terminar el 30% de la presa Palo Redondo y hacerse responsable por toda la presa? Hasta ahora no hay ninguna empresa. Eso va a ser una desgracia para el país”, agregó.

Recordó que la presa es la primera fase de la tercera etapa, falta la segunda fase, que es el Canal Madre en Paiján. En esa línea, recordó que ya se invirtió solo en la presa US$ 270 millones. Faltaba una inversión cercana a los US$ 155 millones para culminarla y pagarle al concesionario US$ 22 millones por adelanto de obra.

“El Perú va a perder US$ 118 millones, que es la demanda arbitral, y los US$ 22 millones, que es lo que se le debe al concesionario por adelanto de obra. Se va a abandonar una obra para Trujillo. No va a haber agua para 900,000 habitantes porque nadie puede tocar la presa mientras esté judicializada, y se van a perder US$ 2,000 millones por año en exportaciones, fuera del tema social. En cinco años se van a perder US$ 10,000 millones por no terminar la presa, lo que sería una desgracia para La Libertad”, puntualizó.

-Decisión del tribunal no se puede apelar-

Ricardo Ampuero, consultor independiente y experto en temas de arbitraje internacional, explicó que los laudos emitidos por tribunales internacionales son inapelables. “No se puede apelar. No está contemplada una instancia de apelación en el arbitraje”, explicó.

A renglón seguido, comentó que lo que las partes, o una de las partes

puede solicitar es la anulación del laudo.

“Esta es una figura completamente distinta, porque, a diferencia de la apelación, en la anulación no se va a pedir a otra instancia que revise la decisión del tribunal. Solamente se puede solicitar la anulación del laudo por las causales taxativamente previstas en la ley aplicable, que sería la ley de la sede del arbitraje”, agregó.

El arbitraje iniciado por el concesionario del proyecto de irrigación es uno ad hoc, lo que implica que no hay institución arbitral detrás o que la administra, pero que se aplica el reglamento de arbitraje que aprobó la CNUDMI.

El letrado mencionó que el camino de la anulación es un recurso limitado ya que solo se puede seguir esta vía si es que se demuestra, entre otras cosas, que no se ha seguido el debido proceso.

“Por ejemplo, que no se notificó alguna actuación procesal o que el tribunal no se constituyó conforme a lo que acordaron las partes. Este tipo de situación está relacionada al debido proceso. Ninguna de las causales de anulación permite revisar el fondo de la disputa”, subrayó.

Agregó que el laudo es de obligatorio cumplimiento desde su notificación. Si se presentara un recurso de anulación, dependiendo de lo que disponga la ley aplicable, es posible que se deba pedir expresamente al juez competente que ordene la suspensión de la ejecución del laudo.

“Mientras eso esté en el aire, la incertidumbre probablemente no permitiría que el proyecto avance. Todo depende de si el laudo ha sido notificado a las partes y, de ser el caso, qué es lo que dispone respecto a la controversia”, puntualizó.

Fuente: GESTIÓN.

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