En el marco del Día Mundial de Lucha contra la Falsificación y la Piratería, el Observatorio de Productos Eléctricos Ilegales presentó su segundo informe técnico, que analiza las conexiones, actores y mecanismos detrás de la comercialización de productos eléctricos falsificados en el Perú.
El informe titulado “Redes y economías criminales: la cara oculta detrás de los productos eléctricos ilegales”, advierte que las economías criminales vinculadas al comercio ilegal de productos eléctricos se desarrollan en entornos donde persisten desafíos relacionados con la fiscalización, la informalidad y la capacidad de control. En ese contexto, factores como la inestabilidad política y las brechas institucionales registradas en la última década habrían generado condiciones complejas para enfrentar este tipo de actividades ilícitas en distintos sectores.
De acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado 2025, Perú ocupa el segundo lugar a nivel mundial en comercialización de productos falsificados, detrás de China y Paraguay que empatan en el 1er lugar. El índice también señala que las falsificaciones figuran entre los delitos ilícitos de mayor crecimiento en el mundo, consolidándose como una actividad ligada a redes criminales cada vez más sofisticadas.
En el Perú, las economías ilegales moverían alrededor de US$ 31 mil millones, equivalentes al 8% del PBI nacional. En este escenario, la falsificación relacionada al sector construcción representaría alrededor de US$ 700 millones, de los cuales cerca de US$ 60 millones corresponderían al mercado de productos eléctricos ilegales: US$ 20 millones en el segmento industrial y US$ 40 millones en el residencial, un sector especialmente vulnerable al uso e instalación de productos eléctricos falsificados o subestándar, considerando que más del 70% de viviendas en el país se construyen sin formalidad ni control técnico.
El documento, indica además que estas redes criminales operan mediante mecanismos difíciles de detectar y, en muchos casos, unidos a la corrupción. Los productos ingresan al mercado sin controles efectivos y son comercializados como artículos “seguros”, “económicos” o “de calidad”, pese a tener un ADN ilegal, falsificado o subestándar pudiendo ocasionar cortocircuitos, incendios y accidentes eléctricos en viviendas, comercios e industrias. En ese sentido, el Observatorio propone que medir los niveles de incautación, las pérdidas económicas y los accidentes asociados permitiría dimensionar no solo la evasión tributaria, sino también el costo real que esta economía criminal genera para el Estado y la ciudadanía.
Finalmente, el análisis concluye que el mercado de productos eléctricos ilegales se sostiene sobre una triple estructura: 1) redes criminales que abastecen y distribuyen la oferta ilícita, 2) consumidores que, priorizan el ahorro inmediato sin dimensionar los riesgos a los que se exponen diariamente y 3) un estado resiliente, contribuyendo así a la permanencia de este mercado criminal.
“Reducir este mercado ilegal no depende únicamente de la fiscalización. Se necesita una estrategia integral que combine mecanismos de inteligencia fiscal, control aduanero, anticorrupción, articulación institucional y transformación del comportamiento de consumo. Solo un enfoque estructural permitirá debilitar de manera sostenible la economía criminal asociada a este mercado”, exhorta el Observatorio.
