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Nueva ley de contrataciones destrabará más de 2,300 obras paralizadas en el país

  • Representan una inversión de S/ 33,167 millones

La nueva Ley General de Contrataciones Públicas, aprobada recientemente por el Congreso de la República, permitirá acelerar los proyectos y destrabar las obras que al primer trimestre de este año suman 2,324 en todo el país, que representan una inversión de 33,167 millones de soles, indicó la Asociación Peruana de Consultoría (APC).

“Lo que busca la nueva ley de adquisiciones del Estado no es solo destrabar los proyectos, sino también evitar las paralizaciones con la simplificación de la gestión de obras”, indicó el presidente de la APC, Elías Tapia Julca.

En ese sentido, destacó que la disposición complementaria modificatoria de la nueva norma establece que apenas sea promulgada, y sin necesidad de esperar el reglamento, entrará en vigencia la modificación de la Ley 31589, que busca reactivar las obras públicas paralizadas en el país.

“Esta disposición complementaria señala claramente que, inmediatamente aprobada la ley, las entidades pueden contratar el saldo de obra, bajo la modalidad de diseño y construcción, sea por concurso, oferta, o llave en mano, lo cual es un gran acierto”, dijo.

Así lo manifestó durante la conferencia “Análisis y comentarios de la nueva Ley de contrataciones del Estado”, realizada en el Colegio de Ingenieros del Perú.

“Eso significa que, con esta norma, vamos a poder ejecutar de manera más célere los saldos de las obras en favor de más peruanos que claman por mejor infraestructura vial, mejores hospitales y centros de salud, y modernos colegios”, enfatizó.

Contratos de servicios

De otro lado, Elías Tapia, especialista en temas de contrataciones, expresó su preocupación por la implementación de la Junta de Resolución de Disputas (JRD) para los contratos de servicios, en la nueva ley de adquisiciones del Estado.

Refirió que en el proyecto de ley inicial que se alcanzó al Congreso figuraba la JRD para bienes, servicios y obras. En el texto aprobado se incluye solamente para suministros y para obras, y no para consultoría de obras.

Tapia indicó que el mecanismo de las JRD actualmente es exitoso, porque en un máximo 75 días resuelve las controversias y con ello se ha logrado la velocidad en obras.

“Lamentablemente, con la norma aprobada no vamos a poder lograr la celeridad en el ciclo del proyecto porque vamos a tener que esperar los laudos arbitrales tres o cuatro años para resolver problemas de los estudios de pre inversión y para resolver los problemas de los estudios definitivos”, puntualizó.

 

 

Fuente: ANDINA

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