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Obras municipales grandes de regiones en paro tienen avances solo de hasta 1%

Desde el primer día del 2023 hay nuevos alcaldes provinciales y distritales. Estas nuevas autoridades arrancarán su gestión en medio del reinicio de las protestas. Si bien las manifestaciones piden el cierre del Congreso de la República, el adelanto de elecciones para el 2023 y una Asamblea Constituyente, el descontento de la población no es reciente y su origen se puede rastrear más allá de la política.

Factores como la falta de servicios básicos, de vías, de infraestructura de salud o educación han mellado desde siempre la calidad de vida de las personas.

En esa línea, Gestión escarbó en los planes de inversión de siete departamentos que anunciaron que retomarían las protestas ayer: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Madre de Dios, Moquegua y Puno. Con data al cierre del 2022, tienen 15,609 proyectos distritales que suman un costo total de S/ 42,810.7 millones (se tomó como base a los proyectos que tuvieron presupuesto -PIM- en el 2022). Estos, sobre todo, están vinculados a carreteras, agua y saneamiento, así como educación.

De este monto, ya se ejecutó en los últimos años el 56%, lo que significa que las nuevas autoridades tendrían que impulsar durante su gestión -hasta el 2026- el avance de los S/ 24,711.5 millones restantes.

“Cuando hablamos de inversión en infraestructura, carreteras, vías, colegios, realmente son los factores que van a permitir que la economía de la región se desarrolle, pero además mejora la calidad de vida de la población”, comentó Fernando Gonzáles, economista senior del IPE.

Tal como se menciona, las obras -sobre todo, las que cierran brechas- le otorgan calidad de vida a la población, pero muchas de ellas -por ejemplo, las más costosas- avanzan más lento de lo planeado.

Proyectos

Si tomamos los proyectos distritales con el mayor costo por cada región analizada, vemos que Arequipa -región donde se registraron bloqueo de vías ayer- tiene una obra para la construcción de la carretera Ayo Andamayo, en los distritos de Aplao y Ayo, que tiene un costo total de S/ 277.8 millones. De ellos -durante la vida del proyecto- se ha ejecutado solo el 20%.

Esta obra registró en abril del 2019 su primer devengado, pero la fecha de inicio de ejecución fue en noviembre del 2020. Es decir, en casi tres años se ejecutó menos de la cuarta parte, lo que podría alertar que en los próximos dos años que restan para el fin del proyecto podrían darse retrasos si se mantiene el mismo ritmo.

Otra obra arequipeña es la creación de puente de conexión y vías de acceso entre la urbanización Las Esmeraldas y la zona industrial de Umapalca, distritos de José Luis Bustamante y Rivero (costo: S/ 178.3 millones). Si bien el primer devengado se registró en octubre del 2021, a la fecha el avance es de solo 0.2%.

En total, Arequipa tiene 2,580 proyectos con un costo total -en conjunto- de S/ 8,759.4 millones y un avance promedio de 58%. Sin embargo, al menos 405 de estas obras registran un avance solo de hasta 1%.

En Cusco, donde las personas también se manifestaron ayer a favor del paro, hay un proyecto por S/ 272.4 millones: creación del servicio de agua del sistema de riego Querque en las comunidades de Cccollana, Casablanca, Ayacasi, Merquez y Urazana. Registra un avance de apenas 0.4%, aún cuando su primer devengado fue en marzo del 2018. En total, este departamento tiene 716 de 4,860 proyectos con avances de hasta 1%.

Otro proyecto que vale la pena mencionar es el mejoramiento y ampliación del servicio de tratamiento de agua residuales en la provincia de Ilo, en Moquegua (S/ 225.1 millones). Su avance es de 1%, pese a que el primer devengado se dio en marzo del 2017. Moquegua tiene 59 obras municipales, de 511, con avance de hasta 1%.

En Apurímac, otra de las regiones con protestas y donde ayer se bloqueó un tramo de la vía Interoceánica, hay un proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado de S/ 106.8 millones. ¿Su avance? Solo de 1% aún cuando su primer devengado fue en setiembre del 2020.

En Ayacucho, Puno y Madre de Dios -otras regiones que respaldaron el paro-, los proyectos más caros tienen un costo total por debajo de S/ 100 millones (cada uno) y se concentran en saneamiento y salud. En los tres casos, el nivel de avance es de hasta 1% (excepto en Puno que llega a 20%).

Costo de oportunidad

En promedio, el acceso al servicio de agua potable alcanza a un 91.3% de población en estas siete regiones y del servicio de alcantarillado sanitario, al 69.5%, según el Plan Nacional de Saneamiento 2022- 2026.

Además, la data del Índice de Competitividad Regional 2022, elaborado por el IPE, revela que de los siete departamentos antes mencionados, al menos seis de ellos están en los últimos lugares en alguno de estos tres pilares: infraestructura, salud y educación.

La responsabilidad no recae solo en las municipalidades, pero es necesaria su participación y avance en la ejecución de recursos públicos, sobre todo, en medio de manifestaciones que podrían frenar las inversiones para la población y sumar a la tendencia que muestra que, en el primer año de un alcalde o gobernador, la inversión pública cae.

Si bien en 2022 la inversión pública se incrementó en 20.1% con relación al 2021, se dejaron de ejecutar recursos por alrededor de S/18.2 mil millones, que representan el 2.1% del PBI de 2021 (Gestión 02.01.2023). De este total, las dos terceras partes (S/12 mil millones) corresponden a los gobiernos locales.

“Esta ineficiencia en la ejecución de recursos conlleva un alto costo de oportunidad en términos de acceso a servicios básicos, clave para el cierre de brechas en sectores esenciales. Por ejemplo, la totalidad de recursos no ejecutados por los gobiernos locales equivaldría a la construcción de 2,400 centros de salud de primer nivel de atención, lo cual representa cerca de la tercera parte (29%) de la brecha en mal estado. Asimismo, en el sector educación, estos recursos equivaldrían a la construcción de 1,900 colegios públicos, y en transportes, a 6,200 km de vías pavimentadas”, comentó Pedro Herrera, economista jefe del Consejo Privado de Competitividad (CPC).

Agregó que la literatura muestra que un menor acceso a servicios, reflejado como mayor pobreza o menor desarrollo, incrementa la probabilidad de ocurrencia de conflictos sociales en el país. Por ejemplo, el Índice Regional de Gestión Pública (IRGP), elaborado por el CPC, que varía entre 0 y 1, mide el desempeño de indicadores clave.

Al relacionarlo con el número de conflictos sociales a noviembre de 2022 (221), se encuentra una relación negativa y robusta. Es decir, que las regiones con menores niveles de servicios en conectividad, salud, educación e instituciones se asocian con un mayor nivel de conflictividad social.

Los 1,796 proyectos de Lima

Los nuevos alcaldes de Lima recibirán 1,706 proyectos públicos que tienen un costo total -en conjunto- de S/ 5,223.9 millones. A la fecha, tienen pendiente por devengar S/ 3,413.3 millones. Si bien es potestad de las nuevas autoridades priorizar las obras que impulsarán en su gestión, es necesaria la continuidad.

“Siempre cada municipio entra con una agenda propia. Pero es necesaria la continuidad sobre todo de proyectos grandes y con presupuesto”, dijo Fernando Gonzáles, economista senior del IPE.

En detalle, las nuevas autoridades tendrán el reto de impulsar -entre otros- 529 proyectos, de los 1,706, porque tienen avances por debajo de 50% respecto a su costo total (186 con avances de hasta 1%).

En contraparte, el proyecto con el mayor costo es la ampliación del tramo norte del Metropolitano. De su costo total (S/ 552.6 millones) ya se avanzó en un 81%. Y, sobre la obra de mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal del eje vial Av. Los Héroes – Av. Pachacútec (costo total: S/ 339.1 millones), el avance es de 92%.

Fuente: GESTIÓN.

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